El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este viernes sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) en el marco de la cruzada declarada por Washington contra la corte, incluyendo a su presidenta, Tomoko Akane, sancionada el pasado agosto, y solo horas después de conocerse que su exmagistrada Navanethem “Navi” Pillay ha sido galardonada con el premio Nobel de la Paz 2026.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha tomado esta decisión contra el organismo con sede en La Haya, sin dar más detalles, al tiempo que ha emitido hasta cuatro exenciones relacionadas con las actividades del tribunal, si bien ha avisado de que se reserva medidas punitivas adicionales si la corte “no responde a sus inquietudes”.

Así, el Tesoro permite realizar, hasta el 7 de abril de 2027, “transacciones” con la CPI que sean necesarias para “la continuidad de las operaciones, incluidos los pagos de los Estados parte (...), el pago de salarios, seguros médicos y servicios médicos para los empleados, beneficiarios de subvenciones o contratistas de la CPI; el pago de alquileres, servicios públicos, impuestos, seguros y otras tasas; el pago de servicios rutinarios a la corte”.

El objetivo de este “plazo de mantenimiento” es dotar de tiempo a los 125 Estados parte del Estatuto de Roma, que regula la CPI, para que “demuestren avances significativos en la búsqueda de soluciones diplomáticas y jurídicas que aborden las preocupaciones fundamentales de Estados Unidos en relación con” el tribunal, de acuerdo a un comunicado del Departamento de Estado.

La cartera de Scott Bessent autoriza además la tramitación del pago de pensiones por parte de la CPI, las transacciones “relacionadas con las telecomunicaciones y el software empresarial en las que interviene” la CPI, así como la prestación de “servicios destinados a la salud, la seguridad y el bienestar” de las personas bajo custodia de la corte y de los “servicios para el funcionamiento de las instalaciones” que albergan a los detenidos.

La medida es un paso más en la campaña de Estados Unidos contra el tribunal, al que acusa de ser un organismo “supranacional corrupto” y “politizado” que abusa de su autoridad. Un total de 17 personas, entre ellas jueces, fiscales y la propia presidenta de la CPI, están sancionados en represalia por la investigación abierta a Israel por crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza.

En esta línea, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha defendido que “durante décadas, tanto republicanos como demócratas rechazaron la idea de que la CPI tuviera la facultad de procesar a ciudadanos estadounidenses, miembros de las Fuerzas Armadas o líderes políticos”.

“Estados Unidos nunca se unió a la Corte. No la necesitamos. Y no la queremos. El presidente Trump nunca permitirá que la CPI procese a estadounidenses. (...) Prohibiremos las transacciones con esta corte que actúa al margen de las normas, cortando sus recursos y paralizando su capacidad operativa.

Rubio ha asegurado que en Washington mantienen “la esperanza de una solución diplomática”, aunque al mismo tiempo ha amenazado con seguir desmantelando a la CPI, “ladrillo a ladrillo, hasta que los estadounidenses dejen de estar amenazados”.

También ha lanzado un mensaje para los países cuya defensa “depende de los militares estadounidenses” para que “frenen” al alto tribunal.

“Esperamos que nuestros aliados -muchos de los cuales forman parte de la CPI y dependen de los militares estadounidenses para su defensa- frenen a la Corte. Hemos estructurado esta medida para dar a los Estados parte la oportunidad de negociar y presentar una solución que responda a nuestras inquietudes. Si estos esfuerzos no dan fruto, continuaremos ajustando nuestras acciones en consecuencia”, ha asegurado.

CPI denuncia intento “obstruir la justicia”

Por su parte, la CPI ha denunciado una “medida sin precedentes” contra la institución en su conjunto, ya que hasta ahora Washington ha impuesto sanciones a título individual. En particular, los afectados son 13 jueces y fiscales “independientes que sirven a la causa de la justicia”, apunta la corte.

“Se trata de un intento de obstruir el curso de la justicia e impedir que la Corte cumpla la función para la que fue creada. Es un ataque al Estado de derecho y a los fundamentos mismos del orden jurídico internacional, que atenta contra el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley (...) Busca intimidar a quienes trabajan para ella o colaboran con ella”, ha señalado en un comunicado asegurando que el organismo “no se dejará amedrentar”.

“Nadie debería ser sancionado por servir a la causa de la justicia. La historia juzgará este momento. Las generaciones futuras, y sobre todo las víctimas de atrocidades masivas, se preguntarán cómo respondimos cuando una institución creada para protegerlas fue objeto de ataques. Se preguntarán si la Corte se mantuvo firme y si la comunidad internacional defendió los principios que proclamaba o permitió que fueran abandonados bajo la presión”, ha agregado.

La CPI ha asegurado que seguirá actuando “con independencia e imparcialidad (...) sobre la base de la ley y las pruebas, en beneficio de las innumerables víctimas de crímenes graves”, si bien ha advertido de que “no puede mantenerse por sí solo” y que depende de los Estados que lo fundaron en 1998.

Así, ha recordado que el Estatuto de Roma “es una promesa colectiva de que los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional (...) no deben quedar impunes” y que la CPI ha realizado “esfuerzos considerables” para garantizar su actividad pese a los “desafíos” surgidos desde que entrara en vigor en el año 2002.

Es por ello que ha emplazado a los Estados a adoptar medidas “concretas” para que la CPI disponga de “los medios necesarios” para continuar su funcionamiento, recalcando que “no se trata solo de defender una institución, sino de salvaguardar el orden internacional basado en el Estado de derecho”.