Un presupuesto siempre es un acto de transparencia. Este señala cuánto se gastará, en qué y cómo se financiará. El Proyecto de Ley de Presupuestos 2027 cumple formalmente con eso, pero sus movimientos reales quedan cubiertos por tres decisiones de comunicación que desplazan la discusión y esconden el ajuste decidido.
La primera es la base de comparación. Según el Informe de Finanzas Públicas, el aumento del 1,5% se mide “respecto del cierre proyectado de 2026”. Si se midiera con respecto a la ley aprobada por el Congreso, sería un aumento de 2,7%. ¿Por qué cambiar la base? Primero hay un tema de coherencia: lo que el Congreso aprueba año a año es una ley, eso es a lo que el país se compromete. Segundo, la base elegida por el Ejecutivo es más baja en el agregado, lo que puede ser útil para el relato de austeridad, pero al detalle, la base elegida oculta los recortes por decreto en abril. Una partida que “crece” contra una base recortada puede seguir bajo lo que el Parlamento votó. Además, al esconder el ajuste, esconde que este fue mayormente en inversión: a agosto el gasto corriente sube 3,1% real y el de capital cae 13,0%.
La segunda es el horizonte. La consolidación se presenta como un logro. Pero la meta es 1,5% del PIB en 2030 y el camino para llegar depende de una ley cuyo costo crece con los años. El Informe Financiero de la Ley de Reconstrucción reconoce que la rebaja de primera categoría resta 0,16% del PIB en 2027 y 0,44% en régimen, además de $141 mil millones anuales de compensación a los municipios por contribuciones. El propio IFP muestra que el gasto compatible con la meta queda por debajo del gasto comprometido desde 2028. Nada del proyecto indica qué se recortará para cerrar esa brecha. La rebaja no se paga en este presupuesto; se paga con los tres siguientes, y no se ha transparentado con cargo a qué.
La tercera son las prioridades. El ministro anunció en la Exposición de la Hacienda Pública $91 mil millones en subsidios a la contratación y cien mil empleos, con un desempleo de 9,6%. El análisis de Ratto y Bennett (Nodo XXI, 2026) de la Partida 15 muestra que los recursos para políticas de empleo caen 34,7% real frente a la Ley 2026. El Subsidio Unificado al Empleo (SUE), aprobado por el Congreso con un Informe Financiero que preveía cerca de $190 mil millones anuales, parte con $76 mil millones y la capacitación pierde 47,5%. No es un presupuesto sin prioridades, es uno cuyas prioridades reales no coinciden con las anunciadas.
Ninguna de estas decisiones es ilegal, pero juntas erosionan algo que costó construir. En 2022 hicimos diálogos sociales en todas las regiones del país para saber qué le importaba a las personas de la política fiscal, y lo primero no era una tasa, era la transparencia. Chile la ha construido con sus instituciones democráticas, pero también importan las decisiones que permitan un debate transparente. Cambiar la base, diferir el costo y anunciar lo que no se financia va en la dirección contraria.
La oposición no tiene que elegir entre orden fiscal y empleo. Lo que corresponde hoy es postergar un año la rebaja corporativa y mantenerla a la tasa vigente. Esto libera espacio para financiar el SUE en lo que la ley comprometió y repone la inversión pública recortada, sin endeudarse. En esta tramitación hay que pedir que el gobierno explicite el ajuste que viene y transparente lo que prioriza y su financiamiento. Un presupuesto se juzga por lo que hace, y este todavía no ha dicho lo que va a hacer.
Por Claudia Sanhueza, economista y directora de Nodo XXI
