En el aula de clases en donde se imparte el conocimiento en la Maestría de Criminología por destacados profesores expertos en el sistema de justicia penitenciario mexicano, se visualizan carencias dolorosas existentes en la sociedad, conscientes de los grandes desafíos que enfrenta México y el mundo, se aborda el tema de la educación de calidad para mejorar la vida de millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
En México, el derecho a la educación, estipulado en el Artículo 3 constitucional, se ha reducido a una simple meta de asistencia, dejando de lado la calidad. Las políticas públicas para evitar la reprobación intentaron disfrazar el rezago, pero los resultados de pruebas como el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dejaron al descubierto un retroceso alarmante.
Esta simulación pedagógica genera un impacto directo en la juventud, hoy es evidente cómo se ha reducido su léxico y capacidad de expresión, síntoma claro de cómo el sistema educativo está fallando en brindarles herramientas para comprender y transformar su entorno.
Erick García Santillán, criminólogo y abogado coincide con una servidora en que hacen falta políticas públicas en materia de educación que hay en México. A las infancias se les está abandonando, prueba de ello, el rezago educativo existente. Los derechos humanos se siguen violando, parece una burla por parte de las y los gobernantes.
Sabemos que, desde la criminología educativa, la escuela es el espacio preventivo por excelencia, en donde se aprende a convivir y a resolver conflictos, sin embargo, las aulas mexicanas enfrentan carencias graves: salones saturados, docentes mal pagados y violencia entre alumnos que pocas veces se atiende.
El vacío más preocupante -para los expertos multidisciplinarios- es la falta de criminólogas y criminólogos capacitados en prevención primaria dentro de escuelas, sin profesionales que podrían detectar a tiempo los factores de riesgo y proteger al alumnado, la escuela deja de ser un refugio y se convierte en un reflejo más de la violencia cotidiana.
El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 parece una ilusión con buenas intenciones por parte de la Organización de las Naciones Unidas, su incumplimiento definitivamente no será culpa de la ONU, pero sí de las y los gobernantes que se han quedado con los brazos cruzados durante décadas, haciendo sus politiquerías y violando derechos humanos.
El distanciamiento con la escuela ocurre en un momento crucial, cuando el estudiante siente que, por más que se esfuerce, nunca logrará sobresalir ni recibir reconocimiento. Ante esa frustración y la falta de oportunidades, el joven busca refugio en grupos de riesgo o en el consumo de sustancias. Cuando la escuela le falla y lo deja atrás, la delincuencia se aprovecha de ese vacío, ofreciéndole el estatus, la pertenencia y el dinero que el sistema educativo no fue capaz de garantizar.
Este problema no se queda en los salones de clase; sus consecuencias escalan hasta la toma de decisiones del país, la falta de una formación sólida y de pensamiento crítico se ve reflejada en el propio Congreso de la Unión, y legislaturas locales, en donde con frecuencia se crean leyes improvisadas, ineficaces y de puro impacto mediático.
Es necesario señalar las fallas del Estado y sus políticas castigadoras, la sociedad también debe exigir escuelas dignas que abran caminos reales para las nuevas generaciones. Prevenir el delito no se logra construyendo más prisiones ni enviando más policías a las calles, sino llevando profesionales de la conducta a las aulas y devolviéndole a la educación el poder de proteger y transformar vidas.
