Era una cuestión de tiempo. Varios colectivos, familiares de presos y hasta el propio Gobierno sabían que podía pasar. Finalmente, un motín y una pelea en menos de 24 horas en el centro penitenciario El Castillo de Mazatlán con un saldo de 12 muertos —entre ellos un niño de dos años que estaba de visita— han puesto en evidencia el descontrol y el caos que reinan en el penal. El lugar ya había sido escenario de otros homicidios y riñas entre internos en los últimos años, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya había señalado las condiciones de ingobernabilidad de esa cárcel antes de los últimos dos enfrentamientos que han obligado al Gobierno estatal a anunciar un centro penitenciario nuevo en Sinaloa, el Estado en plena guerra entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza que se reproduce no solo en las calles, sino también en los patios de las prisiones. La tensión era palpable, tanto que las autoridades habían ordenado el traslado de varios reclusos a centros federales semanas antes para rebajar la presión de que la bomba de relojería estallara, como terminó pasando este jueves.

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