La Cancillería confirmó -a través de un comunicado de prensa -la adhesión de Chile al llamado “Escudo de las Américas”, la coalición de seguridad impulsada por el Presidente Donald Trump, tras la participación del Presidente Kast en el encuentro realizado en Nueva York junto a los mandatarios de Argentina, Perú, Ecuador y otros países de la región. El anuncio hecho merece un examen riguroso.
El texto oficial incluye una cláusula que no es menor: “cada Estado actúa de conformidad con sus respectivas obligaciones legales internacionales y nacionales”. Que la propia Cancillería haya sentido la necesidad de incorporar esa salvaguarda sugiere que en el propio Ejecutivo existe conciencia del riesgo que esta adhesión conlleva. El problema es que ese tipo de reservas comunicacionales rara vez sobreviven intactas a la dinámica operativa de una coalición liderada por una potencia con capacidad de fijar agenda mediante incentivos concretos: acceso a inteligencia, capacitación de policías, coordinación fronteriza.
El punto más sensible, sin embargo, no es diplomático sino institucional. Chile construyó, con enorme esfuerzo y no pocas controversias desde el retorno a la democracia, una separación clara entre la seguridad pública, a cargo de Carabineros y la PDI, y la defensa nacional, a cargo de las Fuerzas Armadas, con excepciones acotadas y regladas a través de los estados de excepción constitucional. El propio “Escudo de las Américas” se define en la prensa internacional como una coalición de “cooperación en seguridad y militar”. Si ese diseño empuja, aunque sea gradualmente, hacia esquemas de acción conjunta contra el crimen organizado, cada paso en esa dirección erosiona una frontera institucional que nos ha costado más de tres décadas consolidar —y que hoy además está bajo discusión parlamentaria, a propósito del proyecto sobre un eventual quinto estado de excepción.
Hay un tercer elemento que no puede pasarse por alto: las propias palabras del Presidente Trump en la cumbre donde se selló la adhesión chilena. Ofreció a sus socios latinoamericanos una fórmula elocuente sobre el crimen organizado: que le avisaran y Estados Unidos lo “eliminaría”, o que lo hicieran ellos mismos, y que si no podían, “lo haremos nosotros por ustedes”. Esa no es una frase protocolar, es la explicitación pública de una lógica de intervención unilateral como opción por defecto. Que un país adhiera a un marco de cooperación cuyo líder ofrece públicamente esa alternativa, sin que el comunicado chileno precise bajo qué reglas de mando, de uso de la fuerza y de rendición de cuentas operaría cualquier acción conjunta, es un vacío de diseño que debiera preocupar tanto como preocupa la sustancia del acuerdo.
A esto se suma una pregunta de arquitectura regional. Chile cuenta ya con el Compromiso de Santiago como espacio de cooperación multilateral contra el crimen transnacional. Sumar un mecanismo paralelo, liderado unilateralmente por Washington y de participación asimétrica, corre el riesgo de que la política de seguridad hemisférica se defina cada vez más al margen de los foros regionales tradicionales, reforzando una lógica de alineamiento bilateral con Estados Unidos en desmedro de una arquitectura latinoamericana autónoma.
Vale la pena recordar, además, que hace apenas una semana el propio Presidente insistía en que la participación de Chile era únicamente en calidad de “observador”, en aquellas materias del pacto que aún no exhibían “detalles técnicos consolidados”. El salto de observador a adherente pleno en cuestión de días, sin que se conozca públicamente el contenido de esos detalles técnicos, sugiere que la decisión respondió más a la dinámica política de la cumbre —la conveniencia de acompañar a Trump y a los demás mandatarios presentes en Nueva York— que a un proceso de evaluación institucional, con participación parlamentaria o del Estado Mayor Conjunto.
Nada de esto significa que cooperar contra el crimen organizado transnacional sea un error. El Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación son amenazas reales que exceden la capacidad de cualquier país aislado. Pero la forma en que Chile decide cooperar importa tanto como la decisión de cooperar. Adherir sin condiciones explícitas y verificables sobre el rol de las Fuerzas Armadas, sobre los límites al uso de la fuerza y sobre los mecanismos de control civil y parlamentario del contenido operativo del acuerdo, no es prudente: es abrir una puerta cuyo ancho puede terminar definiendo, con el tiempo, el más poderoso.
Por Jorge Burgos Varela, ex ministro de Defensa
