“En caso de que nosotros hubiéramos instado porque el tribunal decretara la prohibición de contratar con el Estado, el Estado se habría quedado con un solo proveedor y con los riesgos que eso entraña”.
Con esa frase, el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, explicó ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados la decisión de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de no solicitar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que aplicara la prohibición de contratar con organismos públicos a las empresas involucradas en el caso de colusión en el mercado de vales de alimentación y vestuario.
La autoridad compareció este martes ante la instancia parlamentaria junto al jefe de Litigios de la FNE, Víctor Santelices, y el jefe de Anticarteles, Matías Belmonte. La comisión fue constituida en agosto para reunir antecedentes sobre el funcionamiento, regulación, supervisión y fiscalización de este mercado.
El requerimiento de la FNE ante el TDLC involucra a Pluxee -empresa que hasta 2024 operaba en Chile bajo el nombre de Sodexo- y Edenred, además de cuatro exejecutivos. De acuerdo con la investigación del organismo, entre marzo de 2013 y octubre de 2021 ambas compañías acordaron la asignación de zonas o cuotas de mercado y coordinaron condiciones de contratación, precios y participación en determinadas licitaciones.
Según la FNE, la conducta investigada afectó un mercado altamente concentrado, en el que Pluxee y Edenred conjuntamente superaban el 80% de participación y existían barreras relevantes para la entrada de nuevos competidores.
Tras su exposición y ante una pregunta del diputado Jorge Díaz (DC) sobre las consecuencias para compañías sancionadas que continúan vinculándose con el Estado, Grunberg recordó que la legislación contempla una herramienta adicional a las multas: la prohibición de contratar con organismos públicos.
“El año 2016, en la última reforma legal, se agregó dentro del catálogo de sanciones la prohibición de contratar con el Estado. Y allí, en el debate parlamentario, tanto en esta Cámara como en el Senado, se concluyó que lo deseable era que esta sanción fuera facultativa y fuera apreciada según las circunstancias”, detalló.
El punto central de su explicación a la consulta se enfocó en la estructura del mercado. De acuerdo con el fiscal, actualmente existen tres proveedores de vales de alimentación, por lo que excluir a las empresas involucradas podía tener un efecto sobre la competencia que la propia FNE busca proteger.
Cabe señalar que la FNE presentó en mayo un requerimiento contra Pluxee y Edenred y solicitó al TDLC una multa de 41.744 UTA para Pluxee, equivalente entonces a unos 39 mil millones de pesos, además de una sanción para su ex gerente general. Respecto de Edenred y tres de sus exejecutivos, pidió la exención de multas debido a que la compañía se acogió al programa de delación compensada.
Frente al cuestionamiento de que las sanciones económicas no necesariamente impiden que las compañías continúen participando en el mercado, Grunberg enfatizó en la necesidad de recuperar las condiciones de competencia y evitar una concentración todavía mayor.
“El objetivo concreto es sancionar con la dureza que permite nuestra legislación estos graves atentados a la libre competencia, pero al mismo tiempo que la competencia sea restablecida en el mercado”, aseveró.
Por su parte, el diputado Bernardo Salinas (Ind.) había planteado precisamente si las multas resultaban suficientes frente a un mercado con pocos participantes y preguntó si, en determinados casos, sería necesario sacar a las empresas sancionadas del sistema y generar condiciones para el ingreso de nuevos actores.
Sobre ese punto, el fiscal volvió a referirse a la estructura del sector y a las dificultades que pueden existir para incorporar nuevos competidores. Al respecto, explicó que la FNE debe considerar no solo la sanción de las conductas investigadas, sino también las condiciones necesarias para que exista competencia efectiva.
“Hay mercados como este, un mercado oligopólico en que solamente hay tres actores, ya hay pocos actores y, por lo tanto, tiene que haber una preocupación de que un mercado como este sea competitivo”, precisó.
Mecanismos de control de Junaeb
En paralelo, el parlamentario consultó por los mecanismos de control que utiliza la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) para detectar eventuales coordinaciones entre empresas antes de que estas afecten sus procesos de contratación.
Grunberg distinguió en este punto entre el cartel investigado por la FNE y las licitaciones específicas convocadas por Junaeb. Según explicó, en el caso analizado ante el TDLC, la relación con la institución ocurrió a través de convenios marco de aplicación general.
“Es bueno aclarar en relación con el cartel que nosotros investigamos y acusamos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que, respecto a Junaeb, hay una arista asociada en virtud de un convenio marco de aplicación general, dos convenios marcos en estricto rigor”, detalló.
El fiscal agregó que la FNE ha revisado durante los últimos años distintos procesos de contratación de Junaeb. Como ejemplo, mencionó una licitación analizada durante el año pasado, cuyo diseño, a juicio del organismo, incorporaba mecanismos destinados a reducir los incentivos para coordinar ofertas.
“El diseño de la licitación de Junaeb era muy sofisticado y precisamente disuadía la colusión”, acotó.
La autoridad también sostuvo que investigaciones anteriores sobre licitaciones específicas de Junaeb terminaron sin que la FNE acreditara la existencia de acuerdos colusorios.
En la comisión, Grunberg planteó que una eventual salida de actores del mercado debe analizarse junto con las posibilidades reales de que ingresen nuevos proveedores y con los incentivos económicos existentes para realizar esas inversiones.
“Lo importante es que, entre los actores que estén desenvolviéndose en ese mercado, exista competencia efectiva”, sentenció.
En la comisión investigadora, el presidente de la instancia, Ignacio Urcullú (Rep.), adelantó además que entre los próximos invitados se encuentra la contralora general de la República, Dorothy Pérez, junto al director de Junaeb, Fernando Peña.
