El Frente Amplio (FA) ha estado sumido por estos días en una discusión interna por el rol que algunos de sus militantes están jugando en el sector privado, luego de su paso por el gobierno del expresidente Gabriel Boric. En particular, ha generado “ruido” el hecho de que Matías Meza-Lopehandía, exjefe de gabinete de Boric, admitiera que se desempeña en una oficina de lobby. Al respecto, reconoció que nunca ha recibido reproche ni crítica alguna por este tipo de labores. También ha sido motivo de reproches el hecho de que Sebastián Aylwin, exjefe de la Oficina de Evaluación Ambiental, haya sido fichado como asesor de una empresa dedicada a la producción de litio. Aylwin ha señalado que dicho rol no supone ningún conflicto de interés.
El exministro de Hacienda Nicolás Grau y militante de la tienda entró al debate, planteando que quienes fueron ministros o subsecretarios deben ser especialmente cuidadosos con sus trabajos posgobierno, no solo preocupándose de los conflictos de interés, sino también de la “imagen”, haciendo el distingo entre quienes ejercieron cargos de confianza de aquellos con menor grado de responsabilidad.
Ciertamente resulta válido que un partido político busque generar estándares que prevengan posibles conflictos de interés, pues si bien la Ley del Lobby establece una serie de criterios, es evidente que el tránsito desde el sector público hacia el mundo privado -particularmente de quienes aterrizan en sectores que en su calidad de exautoridades fiscalizaron y regularon- puede conllevar situaciones complejas, y en tal sentido es bienvenido autoimponerse límites exigentes. Sin embargo, resulta inevitable que en el caso del FA dicho debate resulta más complejo que en otros partidos, ya que desde un comienzo presumió poseer una escala de valores y principios muy distinta de los partidos tradicionales, siendo, por ejemplo, muy críticos de la llamada “puerta giratoria”, o viendo con recelo el mundo privado.
Ese sesgo volvió a quedar a la vista con las duras críticas de la que fue objeto el exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, por parte de la expresidenta de la colectividad Constanza Martínez, luego de que Cordero asumiera la representación de los salmoneros en un requerimiento que la oposición presentó ante el Tribunal Constitucional para impugnar artículos de la Ley de Reconstrucción del gobierno. “Siempre hemos criticado la puerta giratoria entre los cargos públicos y la defensa de los grupos económicos, por eso no podemos hacer una excepción cuando se trata de alguien de nuestro sector”, señaló.
Este debate interno puede ser la oportunidad para que la militancia del FA reevalúe sus postulados, y abandone estos sesgos que al final terminan convirtiéndose en un disparo en los pies. Para cualquier partido es bienvenido que su militancia vaya adquiriendo distintos tipos de experiencias, y si bien el servicio público es una dimensión indispensable, el desempeñarse en el mundo privado también forma parte del bagaje que se requiere para desempeñar con propiedad las responsabilidades de gobierno. De allí que en la medida que se cumpla con la ley y los conflictos de interés se manejen adecuadamente, las funciones de lobby o de asesorías son actividades legítimas, que permiten perspectivas que difícilmente tendrá alguien que solo ha trabajado para el Estado.
