Modificar la Ley Lafkenche es el próximo gran paso que dará el gobierno de José Antonio Kast en materia pesquera, de la mano de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca). Antes de ingresar las modificaciones al Congreso, que están en una etapa avanzada, la subsecretaría deberá realizar una consulta indígena.
Y es precisamente para ello que el viernes la Subpesca abrió una licitación pública que busca levantar información de los territorios y mapear el universo de comunidades y organizaciones indígenas que podrían verse afectadas tras las modificaciones a la Ley.
Su resultado será posteriormente utilizado en la consulta indígena. El proceso tiene el objetivo de identificar a los principales actores y definir las condiciones técnicas para establecer el diálogo con las comunidades.
El nombre de la licitación es el siguiente: “asesoría para la caracterización territorial del proceso de consulta a los pueblos indígenas para la modificación de normativas que rigen los espacios costeros marinos de pueblos originarios”. La licitación, que oferta $ 70 millones para el trabajo, cerrará pronto, el próximo lunes 5 de octubre.
El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, señala a Pulso que el gobierno y la subsecretaría de Pesca buscan cumplir la legislación y los convenios internacionales que Chile ha suscrito.
“Por eso estamos abriendo esta licitación de la fase previa a la consulta indígena, lo cual nos permitirá sentar las fases de la misma con seriedad, transparencia, buena fe y respeto, de manera tal que luego podamos revisar a fondo la Ley Lafkenche y recuperar el espíritu con el que fue creada”, apunta.
Zonas del proceso
La licitación señala que “los pueblos indígenas tienen derecho a solicitar la incorporación de profesionales y asesores técnicos de su total confianza para nivelar la asimetría de información frente al Estado”.
El proceso contempla un levantamiento de información en prácticamente todas las zonas a lo largo del país: Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén, y Magallanes.
La contraparte del proceso será la encargada de la unidad de coordinación de asuntos indígenas de Subpesca, Dayana Vélez, quien deberá velar por el control, inspección de la ejecución, recepción y evaluación final de los informes.
Urrutia sostuvo que busca “avanzar hacia una normativa que permita resguardar los derechos y usos consuetudinarios de los pueblos originarios, pero también entregar certezas y permita compatibilizar esos derechos con las distintas actividades que se desarrollan en nuestro borde costero”.
Compromisos internacionales
La consulta indígena se debe realizar por los compromisos internacionales que tiene el país por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual plantea que antes de iniciar proyectos legislativos que podrían afectar a las comunidades, primero deben ser consultadas. Pese a que esta consulta debe realizarse, los resultados no son vinculantes.
La Ley Lafkenche fue promulgada el 2008 y estableció una fórmula para crear espacios costeros marítimos de los pueblos originarios (Ecmpo) para conservación ambiental e indígena. Son precisamente las comunidades las pueden solicitar la constitución de un Ecmpo, con lo que se comienza un proceso administrativo para aprobarla o no. El problema ha sido que estos trámites se han extendido por hasta diez años, lo que ha generado incertidumbre jurídica tanto para las comunidades como para las compañías acuícolas y pesqueras.
Sobre ello, en mayo, el CEO de Camanchaca, Ricardo García, dijo a Pulso que “la Ley Lafkenche no nos afecta solamente a nosotros, sino que a todos aquellos que hacen algún tipo de actividad en los bordes costeros, incluyendo al Estado. O sea, hacer un puente o un puerto, entregar una concesión o salmonicultura y miticultura o cualquier cosa, está hoy día trabado, obstaculizado por el abuso que se ha hecho de la Ley Lafkenche”.
Expresó que “aquí lo que finalmente ocurrió con la Ley Lafkenche es como si soltáramos a un Godzilla en la mitad de la ciudad. Lo que hay que hacer ahora es devolver al animal a su jaula. Esa ley, que es un animal, hay que meterla en su jaula para que se aplique a lo que realmente tenía que aplicarse, que es una cosa menor que no incide en los demás”.
