Esta semana el país volvió a recibir evidencia de la crisis que se vive en materia de empleo, donde el desempleo escaló al 9,6% en el trimestre junio-agosto, su nivel más alto en cinco años y que se traduce en que unas 989 mil personas están sin trabajo. Son ciertamente registros muy desfavorables, que ya ubican a Chile entre los cinco países con mayor desempleo a nivel OCDE, siendo también un registro alto dentro del contexto sudamericano. Esto da cuenta de una situación estructural, donde las razones para este fenómeno deben buscarse internamente. El desempleo no golpea de la misma manera a todos: en el caso de las mujeres, la tasa ya supera el 10%, pero es en los segmentos más jóvenes donde el cuadro resulta especialmente crítico, considerando que el registro se ubicó en 22,8%.

El alto desempleo juvenil -fenómeno que se arrastra desde hace algunos años, y que también se observa en otros países del mundo- en general se trata de un aspecto que suele no ser abordado con la suficiente intensidad en la discusión de políticas públicas, pero el país debe ser consciente de que si ya es un problema social grave tener a cerca de un millón de desempleados, la alta proporción de jóvenes menores de 30 años que no logra encontrar trabajo está incubando una serie de trastornos para nuestro mercado laboral, con enormes porciones de jóvenes trabajadores que van perdiendo habilidades, y cuyas posibilidades de emplearse a futuro van disminuyendo, lo mismo que sus ingresos esperados. No solo eso, muchos deben sumirse en actividades informales -para el caso de este segmento la informalidad llega al 37%, alrededor de 10 puntos sobre el promedio general-, todo lo cual va alimentando un foco de futuras tensiones sociales, porque es evidente que la falta de empleo o el conformarse con trabajos precarios despierta sentimientos de frustración y desencanto, ante la promesa incumplida de que las nuevas generaciones disfrutarían de una mayor prosperidad que sus antecesores.

Las causas de este fenómeno se discuten intensamente a nivel internacional, y hay quienes temen que la irrupción de la Inteligencia Artificial sea un factor que ya esté golpeando. Es cierto que la IA está reemplazando trabajos que antes eran la puerta de entrada al mercado laboral para muchos jóvenes, como por ejemplo la atención a público, pero su impacto todavía parece acotado. Por lo demás, los segmentos juveniles parecen estar mejor preparados para manejarse con las nuevas tecnologías, de modo que por ahora no es concluyente que la IA tenga una cuota de responsabilidad elevada.

En el caso de Chile hay evidencia que sugiere que en relación con la OCDE tenemos más sectores productivos expuestos al impacto de la IA, en tanto que reciente evidencia proporcionada por el Banco Central muestra que la tasa natural de desempleo se ubica entre un rango de 8,2 y 8,8%, según la metodología empleada. Es decir, nuestra alta tasa de desocupación responde sobre todo a un fenómeno más estructural antes que cíclico, en parte explicado por el escaso crecimiento de la última década -es un hecho que la economía ha perdido capacidad para crear empleos formales-, pero también por el fuerte incremento de los costos laborales, una realidad que muchos aún se resisten a aceptar.

Los esfuerzos fiscales por apuntalar el empleo con planes de emergencia -como la reciente batería de medidas que esta semana anunció el gobierno, que apunta a crear 1oo mil empleos en el corto plazo- sin duda ayudan, pero siguen siendo un paliativo frente a la magnitud de desempleados. Así, los trabajadores jóvenes ya están en un contexto general especialmente difícil, pero es necesario preguntarse hasta dónde la excesiva rigidez de nuestro mercado laboral -que de suyo encarece la contratación-, sobre todo impacta en los más jóvenes.

Para este segmento, lo que más ayudaría sería contar con un mercado laboral altamente flexible, que permitiera una fuerte movilidad dentro de la formalidad. Jornadas laborales mucho más adaptables, o salarios mínimos diferenciados, son pasos que avanzarían en esa dirección, pero también es necesario revisar la actual indemnización por años de servicio, que se ha convertido en una verdadera camisa de fuerza dentro del mercado laboral al hacer que el despido sea sumamente oneroso. Aunque los contratos que dan derecho a este beneficio apenas superan el 14% del total, es un hecho que los empleadores tienen dificultades para reemplazar a trabajadores menos productivos por otros más jóvenes, y aquellos empleados que llevan varios años en una empresa se resisten a cambiarse de trabajo para no perder el capital acumulado por concepto de indemnización. El gobierno ya trabaja sobre una propuesta para avanzar hacia un esquema de indemnización a todo evento financiado con cotizaciones, en tanto que diversos gremios empresariales han hecho propuestas en similar sentido. Reemplazar uno de los sistemas más onerosos de despido en el mundo por otro mucho más flexible ayudaría a todos los trabajadores, pero posiblemente sobre todo a los más jóvenes.

No hay duda de que seguir por la senda en la que vamos profundiza un círculo vicioso, pues al desincentivar la contratación de jóvenes se priva a su vez a las empresas de contar con aquellos segmentos que deberían ser la punta de lanza para desenvolverse mejor con las nuevas tecnologías, lo que a su vez ralentiza la incorporación de dichas tecnologías -sobre todo en empresas medianas y pequeñas-, además de alimentar los sentimientos de frustración en aquellos que no logran ver realizada su aspiración de poder emplearse. Es un debate del máximo interés para el país, que la política no puede seguir obviando.