El adelanto electoral ha cambiado el escenario con el que trabajaba el Tribunal Supremo para decidir sobre la denominada ley de nietos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dado este martes un plazo de 48 horas a la Abogacía del Estado, la Junta Electoral Central (JEC), la Fiscalía y los partidos Iustitia Europa y Vox para que informen sobre si el tribunal debería emplazar a personarse en la causa a los miles de nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática a los que mantiene suspendido desde el 8 de septiembre el derecho al voto. Además, los magistrados dan el mismo plazo para presentar alegaciones sobre los escritos presentados el pasado lunes por los dos partidos de ultraderecha en los que piden al Supremo medidas urgentes para garantizar que la suspensión del voto se aplique en las elecciones del 29 de noviembre.

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