El gobierno de México aseguró que ganó un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) contra la empresa Doups Holdings, una firma con un proyecto de parquímetros en la Ciudad de México (CDMX).
En el 2017 la Secretaría de Movilidad de la CDMX otorgó la concesión a dicha empresa por un período de 10 años prorrogables por otro período similar.
La firma dijo que en el 2018, ya con la inversión hecha, se le revocó la concesión, tras ese hecho, en el año 2000, esa firma envío una carta en la que indicó al entonces gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a la secretaria de Economía federal, en ese momento, Graciela Márquez, en la que notificó la intención de iniciar una controversia comercial.
La presentación formal de la disputa se hizo en 2022, con un monto reclamado por 600 millones de pesos al amparo del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
En un comunicado, la Secretaría de Economía dijo que el CIADI desestimó la reclamación de la firma porque "México sostuvo que la reclamación presentaba serias deficiencias, y en específico con la conformación de la empresa filial que aparentemente sufrió los daños; con la nacionalidad y control de tal filial, así como con requisitos procesales para acceder al arbitraje".
Explicó que la defensa mexicana demostró que "las reclamaciones de Doups tenían serias deficiencias que impedían al Tribunal Arbitral resolver la controversia a la luz del TLCAN".
En septiembre pasado el tribunal arbitral resolvió el caso "a favor de México y determinó que carecía de jurisdicción para conocer de las reclamaciones presentadas por Doups, desestimando el arbitraje en su totalidad".
La dependencia dijo que el CIADI "concluyó que Doups había aceptado ser considerada mexicana respecto de su inversión, no acreditó el control de Pagomet, no podía reclamar sus pérdidas como propias e incumplió requisitos indispensables previsto en el TLCAN previo a iniciar un arbitraje. Asimismo, ordenó a Doups pagar a México más de un millón de dólares por concepto de gastos y costos".
El caso lo atendió la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, además de que contrataron al despacho Pillsbury Winthrop Shaw Pittman.
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