En México hay acuerdos con el crimen organizado. Lo sabe la ciudadanía, lo sabe el sector privado, lo sabe Estados Unidos y lo sabe el gobierno, que nos miente todos los días intentando ocultarlo.

Todo el mundo lo sabe. En México, durante el gobierno actual, el anterior y, por lo menos, los últimos siete sexenios, se ha pactado, en mayor o menor medida, con organizaciones criminales: por miedo, por dinero, por la amenaza del “plomo”, por ganar territorio o por temor a perder la integridad física. Pero, cualquiera que haya sido la razón, hemos tenido gobernantes e instituciones cómplices de los cárteles de la droga y facilitadores de sus actividades.

De otra manera, no se explica cómo el Cártel de Sinaloa ha logrado tener presencia en más de 50 países y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en más de 40. Grupo Bimbo, la empresa mexicana con mayor presencia en el mundo, opera en 30 países. Una expansión criminal de semejante magnitud solo puede explicarse por la facilitación y complicidad desde los más altos niveles de gobierno.

Es imposible que el gobierno no se entere, que desconozca cómo opera el crimen organizado, cómo recluta y cómo ha convertido a México en una fosa clandestina. Nuestro país vive una tragedia sin precedentes. Esta semana, gracias al aviso del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Familias Unidas por Nayarit, se localizó un campo de exterminio en el municipio de Xalisco, Nayarit. En el predio se han encontrado, hasta ahora, indicios de cuerpos calcinados de niños, hombres y mujeres. No es el primer hallazgo de esta naturaleza y, tristemente, tampoco será el último. El reclutamiento forzado y las desapariciones de nuestra niñez son una realidad frente a la cual México carece de una estrategia efectiva de prevención y sanción. Mientras tanto, desde la mañanera no escuchamos más que negaciones de esta tragedia.

En el penal de Mazatlán ha habido asesinatos, entre ellos, de niños pequeños como producto de violentos enfrentamientos. Sin embargo, el gobierno de Sinaloa no habla de la violencia, pero sí de la construcción de un nuevo penal en Culiacán. La gobernadora interina, Graciela Domínguez, parece vivir en un mundo paralelo: no da cuenta de la violencia extrema que se vive en Sinaloa, mucho menos del enfrentamiento entre facciones del Cártel de Sinaloa, de los asesinatos y de la narcopandemia que, en cualquier otra parte del mundo, debería atenderse como una emergencia nacional. Esta semana aparecieron cuerpos de personas brutalmente asesinadas, “regados” por la capital del estado, sin que ninguna autoridad diera cuenta oficialmente de ello.

¿Y por qué no lo mencionan? Quizá porque fue el crimen organizado quien financió candidaturas y procesos electorales en México. Como señaló la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) el 30 de junio de 2025: «Con base en la información

puesta a disposición de FinCEN, los cárteles están utilizando cada vez más estas ganancias ilícitas para realizar pagos en efectivo a campañas políticas mexicanas y medios de comunicación, con el propósito de contribuir a la elección de políticos mexicanos corruptos dispuestos a defender a los cárteles y sus intereses en México, incluido su control sobre el comercio ilícito de energéticos entre Estados Unidos y México», en referencia al huachicol fiscal.

El pacto criminal entre el crimen organizado y los partidos políticos en México es lo que hoy nos tiene sumergidos en una violencia que no tiene fin. A ello se suman los altos niveles de impunidad y la corrupción de las propias autoridades. Desde las máximas tribunas de los tres poderes y en los tres ámbitos de gobierno, vemos cómo se defiende a criminales y a personas señaladas por delitos graves. Las respuestas son siempre las mismas: «No tienen carpetas de investigación abiertas», «No hay elementos suficientes», «No hay denuncias presentadas».

Las autoridades no solo ocultan la verdad; también encubren a personas implicadas en graves señalamientos de narcotráfico y tráfico de armas, incluso frente a solicitudes de detención y extradición formuladas por Estados Unidos a México. Una y otra vez se nos dice que no hay pruebas.

¿Qué más pruebas quieren? ¿Cuánta sangre debe seguir derramándose? Los cuerpos sin vida de niñas, niños, mujeres y hombres aparecen por todo Sinaloa como resultado del enfrentamiento entre grupos criminales cuyo florecimiento fue permitido por las propias autoridades. En Nayarit, los cuerpos de jóvenes hallados en fosas podrían corresponder a personas cuyas desapariciones fueron denunciadas y quedaron registradas en carpetas de investigación. ¿Más pruebas?

El 29 de abril de 2026, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) y la DEA hicieron pública una acusación formal, identificada como causa S9 23 Cr. 180, contra Rubén Rocha Moya, entonces gobernador de Sinaloa, y Enrique Inzunza Cázarez, senador de la República en funciones, junto con otros ocho funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. Se trata de acusaciones de una gravedad extraordinaria que exigen una respuesta institucional, investigaciones y el esclarecimiento de responsabilidades. Y, una vez más, México no hace nada. El Senado no hace nada. Ni siquiera frente a las más de 26 mil voces que han enarbolado el «¡Fuera Inzunza!» como símbolo de que no queremos ser cómplices de la tragedia que vive Sinaloa y que, tarde o temprano, alcanzará a todo México.

Quizá ninguno de estos nexos ha sido castigado ni se le ha respondido a la ciudadanía mexicana con la verdad porque la respuesta, y todas las avenidas que se han trazado desde los cárteles de la droga y los pactos con estos grupos criminales, no solo contaban con el visto bueno del poder, sino que llegan, con muy buena pavimentación, hasta Palenque.

Seguiremos denunciando

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