El Frente Amplio sigue trabajando en la propuesta comprometida por su presidenta, Gael Yeomans, para enfrentar el debate sobre el ejercicio del lobby entre sus militantes.
La discusión sobre el lobby terminó siendo un boomerang para FA. La primera piedra la lanzó la extimonel del partido al cuestionar al exministro de Seguridad Luis Cordero por representar a la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. en un requerimiento ante el TC.
“Siempre hemos criticado la puerta giratoria entre los cargos públicos y la defensa de los grupos económicos, por eso no podemos hacer una excepción cuando se trata de alguien de nuestro sector”, dijo Martínez en ese minuto, desatando una dura ofensiva de parte del Socialismo Democrático por el juicio moral sobre el ejercicio profesional de las exautoridades de gobierno.
El asunto derivó en el compromiso público de la nueva presidenta del FA, Gael Yeomans de presentar una propuesta de regulación del lobby en su partido y en la consiguiente defensa pública que el jefe de gabinete del presidente Gabriel Boric, Matías Meza Lopehandía, hizo de su gestión como lobista registrado en la agencia KOM.
El incómodo debate se instaló en el partido y ha seguido siendo tema de discusión interna.
La semana pasada se discutió en la reunión de la mesa directiva y en la bancada de diputados y a modo de control de daños desde la directiva nacional se han hecho una serie de consultas a la militancia, relativas a saber en qué situación laboral se encuentran. La idea en definitiva es saber quiénes están en organizaciones dedicadas al lobby y a quiénes están asesorando los militantes que antes fueron autoridades en el Ejecitivo.
Desde el partido advierten esto no es una “caza de brujas” sino que responde a la necesidad de contar con información sobre el asunto.
La directiva que encabeza la diputada Gael Yeomans aún no concluye la propuesta para enfrentar el tema. La discusión sí se dio en el marco de la reunión de mesa de la semana pasada, donde todos los consultados advierten que no existen disensos respecto de subir los estándares en torno a los pasos del mundo público al privado.
Dicen que, por el contrario, hay coincidencia en la necesidad de seguir adelante con lo comprometido por Yeomans. En la directiva advierten que no han podido concretar una nueva propuesta por el tema, principalmente porque el foco de la discusión se ha centrado en temas de la contingencia como la crisis del empleo y la propuesta presupuestaria del Ejecutivo de Kast.
En el Frente Amplio no buscan impedir que los dirigentes pasen al mundo privado, pero sí consideran importante poner ciertos límites. Una idea de base sobre la que han conversado es el proyecto que ingresó el 14 de julio la propia Gael Yeomans.
Dicha propuesta apunta a modificar “las leyes Nº 20.880, 18.575 y 18.918, para fortalecer la probidad e integridad pública en Chile”.
En ella, uno de los puntos sobre los que se ahonda es el de la “puerta giratoria o inhabilidades post empleo en el sector público”.
El mismo proyecto define ese problema como “el tránsito de profesionales entre el sector público y el privado, específicamente cuando exfuncionarios que legislaban o regulaban un área económica pasan a trabajar en empresas del mismo rubro, o viceversa. El diagnóstico actual señala que este tránsito genera riesgos críticos para la integridad pública, tales como la captura del Estado por intereses corporativos, el uso indebido de información privilegiada y el aprovechamiento de redes de influencias adquiridas en el cargo para beneficiar a nuevos empleadores”.
Junto a eso, propone “aumentar el plazo de abstención a dos años para altas jerarquías y cargos con poder de decisión, incluyendo a ministros, subsecretarios y jefes de gabinete de sus equipos; prohibiéndoles realizar lobby, integrar directorios o asesorar a entidades que estuvieron bajo su supervisión directa. Incluyendo sanciones severas: multas significativas y la inhabilidad permanente para contratar con el Estado”.
Se trata de una propuesta similar a la que planteó, en el marco de esta misma discusión y por vías internas del FA, el exministro de Hacienda Nicolás Grau.
A propósito del caso de Sebastián Aylwin, abogado FA que pasó del Ministerio del Medio Ambiente a una empresa vinculada con esos temas, Grau señaló que “debemos ser especialmente cuidadosos con nuestros trabajos post gobierno”.
