Después de varios meses, la principal pregunta es: ¿qué ha pasado con Magnicharters? Hagamos memoria, y fue hace casi seis meses -el 11 de abril de este año- que la línea aérea chartera aludió “problemas logísticos”, y de un día para otro dejó de operar.

Posteriormente, las autoridades aeronáuticas determinaron suspender de forma temporal su concesión, tras dejar en claro que la aerolínea no podía garantizar capacidad financiera para operar, lo que se traducía en un riesgo para la seguridad aérea. Posteriormente, a finales del mes de junio, llegó la revocación de su “Certificado de Operador Aéreo”.

¿Qué significa esto? Que, aunque los dueños de la chartera demostraran ante las autoridades aeronáuticas que ya contaban con la capacidad financiera para operar, la concesión, es decir la autorización que otorga el Estado mexicano (a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes [SICT] para prestar servicios de transporte y carga en vías federales) ya les fue cancelada.

Es una situación similar a la que enfrenta Interjet; aunque la familia Del Valle, de cuando en cuando anuncia que su “regreso” es inminente, es legalmente imposible, porque en ambos casos, las aerolíneas carecen de la concesión para operar en el espacio aéreo nacional.

Según una nota del periodista Roberto Valadez, del periódico Milenio, Magnicharters obtuvo “medidas cautelares que suspenden los procedimientos de ejecución y embargo sobre sus bienes”. Dichas medidas fueron otorgadas por el Juzgado Trigésimo Segundo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México.

¿Qué fue lo que pidió la administración de Magni? Según la nota, que por el momento se detenga cualquier acción encauzada a embargarle los bienes a la línea aérea.

El principal argumento es que la aerolínea se encuentra actualmente transitando por con concurso mercantil (de hecho desde el 14 de mayo), pero al que todavía no se le da entrada en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles de la Ciudad de México; siguiente pregunta: ¿por qué? La respuesta lógica y jurídica es que se está verificando si la empresa reúne los requisitos para ser declarada en concurso mercantil.

Siguiendo el hilo de la historia, a principios de septiembre los dueños de Magnicharters dijeron: ¡alto, caminante del Mayab!, en relación a que no se “embarguen” los bienes que tenga la línea aérea.

Aquí el juicio empieza a “enredarse”, porque por un lado están las acciones legales de los trabajadores, y por el otro la empresa -Grupo Aéreo Monterrey- que está solicitando entrar a concurso mercantil. Los trabajadores piden que se embarguen bienes para garantizar sus pagos, y la empresa quiere detener esas acciones, al mismo tiempo que otros acreedores piden les paguen los que se les debe.

Y esto es una realidad, Grupo Aéreo Monterrey podría alegar que las oficinas donde laboraba la aerolínea, y otros bienes inmuebles, no son de su propiedad sino de terceros, y por eso hacen la solicitud. Lo digo sin empacho; más bien con responsabilidad y mesura, desconozco los términos exactos de los alegatos de las partes, pero la respuesta ante este acto (imposibilidad de embargar), ejecutado por el poder judicial, ha traído ya consecuencias.

El periodista Roberto Valadez, de Mileno, entrevistó al Secretario General de la Asociación Mexicana de Trabajadores de Autotransportes, Aéreo-Transportes, Similares y Conexos de la República Mexicana (Amtaascm), Alejandro González Forastieri.

Este sindicato tiene además una “central obrera” un tanto extraña, con pequeños sindicatos de la construcción y otros rubros bajo su cargo. González Forastieri es un señor de avanzada edad; para que se den una idea, lleva al frente de su agrupación de sindicatos desde 1973.

En la nota periodística, lo que a grandes rasgos responde es: primero, que el adeudo de Magnicharters para con los trabajadores es de alrededor de 161 millones de pesos, y que él busca “resarcir” los daños de un grupo de poco más de 500 trabajadores, ocasionados por la bajada de vuelo y cese de operaciones.

Otra pregunta que me surge, cuándo el piloto que se hizo viral mencionó que llevaban meses sin cobrar (19 de diciembre de 2025), ¿dónde estaba el Secretario General de este sindicato? ¿Cómo permites que tu personal vuele sin recibir lo que le corresponde? ¿Dónde está la férrea defensa a la Ley Federal del Trabajo en su Capítulo a Tripulaciones Aeronáuticas? Yo, por lo menos, nunca la vi.

La intención supuestamente es que el sindicato pretende “embargar” los bienes de la línea aérea, para de ahí pagar los salarios caídos de los trabajadores. Pero este caso se va enredando más y más, pues el sindicato pidió al Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de la Ciudad de México que se resuelva una controversia, ya que, tras la suspensión de actividades, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) los dio de baja en mayo, un mes después de bajar la cortina.

Dejando por completo desprotegidos a los trabajadores, que ni siquiera han sido liquidados. Por otra parte, también se ha revelado que el sindicato buscó el mecanismo de la huelga para el embargo de bienes, y lo cual no le resultó, pues las autoridades lo desecharon por inviable.

Yo tengo más dudas que certezas, ¿hasta dónde las autoridades laborales se van a seguir haciendo el tío lolo con estos casos? Todo está más que claro, tenemos un patrón que explota a sus trabajadores y a un sindicato indolente que se lo permite, ¿no hay quién vigile que se cumpla la Ley Federal del Trabajo?

Eso por un lado y por otro, no es la primera vez que una aerolínea se va a quiebra, la pregunta que me surge es ¿cuántas quiebras más tienen que pasar para que no se deje desprotegidos a los trabajadores? Y finalmente a los usuarios, quienes por desgracia ya perdieron lo que pagaron.

Se llevaron al baile a los empleados de la aerolínea, a las agencias de viajes y a los pasajeros que literalmente se quedaron chiflando en la loma, ¿cuándo será el día en que las autoridades, de todos los niveles, verdaderamente den la cara y no permitan este tipo de desfalcos?

Por lo pronto, seguiremos atentos a cómo se va desarrollando esta historia. No puedo ni quiero dejarlo como “un caso más”, porque no solo hablamos de pérdidas económicas, sino también de fraude a la ley y afectación de vidas humanas que ven conculcados sus derechos y garantías individuales. Para mí es más que claro, bajo el argumento del cacareado “Estado de derecho”, la impunidad es la que sigue reinando en este país.