El dilema de encubrir o combatir la impunidad, se vincula con otra alternativa que confronta a los extremos de continuidad o ruptura, en el marco de los procesos de cambios de gobierno, conforme a lo que ha establecido nuestro presidencialismo.
Los casos de alternancia que significan el reemplazo del partido que se encontraba en el ejercicio del poder, conllevan, por lo regular, a determinaciones rupturistas más que de preservación o mantenimiento de las orientaciones observadas por el gobierno antecesor; en contrastaste, resulta obvio que los relevos que mantienen al mismo partido gobernante generan una expectativa de moderación en los cambios de orientación o de la estrategia política que se adopta.
Tales tendencias han mostrado matices importantes conforme a las circunstancias de cada coyuntura y momento histórico, por ejemplo, la ruptura entre el presidente Cárdenas y el expresidente Calles en 1935, que simbolizaron el fin de la etapa caudillista y el inicio, propiamente dicho del presidencialismo, o bien, el señalamiento de Luis Echeverría de pasar del modelo del desarrollo estabilizador al de desarrollo compartido, conforme a lo establecido en su primer discurso como presidente en 1970 y que advertía de una modificación severa en la orientación de la administración que habría de presidir.
Pero la permanencia o no alternancia del partido en el poder, ha mostrado una tendencia de calificar generosamente o de forma prudente al gobierno predecesor por parte del que se encuentra en funciones; aun así, lo que se vive en la actualidad es inédito, pues no solo plantea una línea de continuidad casi inflexible, sino que, incluso, se asume como parte de un mismo cauce, con algún matiz, tal y como lo refiere la fórmula metafórica del “segundo piso de la cuarta transformación”.
Varios problemas se presentan en esa visión rígida de continuidad. Una de ellas es el trato hacia los actos y sucesos que fueron responsabilidad de la anterior administración, especialmente cuando se evidencian o traslucen excesos o actos de corrupción.
En la perspectiva de un vínculo indisoluble entre la actual gestión de gobierno y la que le antecedió, se proyecta una clara resistencia a aceptar la comisión de malas prácticas y de presuntos actos delictivos por parte del predecesor; pero eso mismo limita y ofusca el desempeño del gobierno que se encuentra en el ejercicio de sus funciones, pues de entrada supone aceptar o limitar una visión crítica hacia el pasado inmediato.
Dentro del plano conceptual, se asumen como dogmas las tesis y definiciones del gobierno que creó las condiciones para que lo sucediera el que actualmente está en el poder; en ese sentido, parte de la responsabilidad del gobierno es cubrir los actos y decisiones de la administración anterior, en tanto emana de ella en el sentido más amplio de la palabra, pues esta se ocupó de crear las condiciones para que se conservara el poder en las elecciones de 2024.
Con el cumplimiento de la agenda de reformas constitucionales y legales que definió el gobierno anterior, se construyó un armaje político de carácter centralizador y autoritario que excede el presidencialismo exhaustivo del pasado, dotándolo ahora de las capacidades metaconstitucionales (en el lenguaje de Jorge Carpizo), para actuar de forma discrecional y sometiendo a los otros poderes e instancias institucionales a las propias directivas presidenciales.
Hacia el pasado, esas capacidades de corte autoritario significan la disposición de los medios necesarios para controlar el despliegue de procesos judiciales y de sus resoluciones, de modo que el gobierno detenta, de forma arbitraria, el dominio para procurar e impartir justicia, lo que le concede el atributo para resolver la legalidad sobre la presunción delictiva hacia el desempeño del gobierno anterior y de sus funcionarios.
Un evidente arreglo de impunidad es el legado que asume el gobierno actual respecto de quien y de quienes lo precedieron. Esa herencia impone una dura camisa de fuerza que no permite avanzar al gobierno, pues lo ancla en un pasado cada vez más ominoso, manchado por el ocultamiento y reserva de información sobre las llamadas obras emblemáticas del AIFA, el Tren Maya, el Tren Interoceánico, y la refinería de Dos Bocas, por solo señalar algunos proyectos.
Los descarrilamientos ferroviarios en uno y otro caso, el derramamiento de combustible y los incidentes en la citada refinería, así como los costos, subsidios al Aeropuerto Felipe Ángeles y decisiones para forzar su incidencia de vuelos, marcan los desaciertos y excesos que llevaron a la realización de dichas obras; pero la tarea es encubrir y asegurar protección.
El huachicol fiscal se investiga en una esfera de control que protege a grandes funcionarios, y se lucha contra el narcotráfico sin implicar a personajes relevantes de la política, a pesar de los graves indicios que existen; el imperativo es encubrir la impunidad como parte del pacto sucesorio y de las obligaciones que impone la continuidad de un proyecto político que se expresa en ese decir del “segundo piso de la cuarta transformación”.
El gobierno se encuentra anclado e hipotecado en el pasado y no puede romper con él porque sus estructuras y personajes están imbricados; un leve esfuerzo de diferenciación tiene lugar, pero ocurre de forma tímida, de modo que no aporta una identidad propia y, por el contrario, dejar ver las grandes complicidades que arrastra.
Se protege a partir de garantizar impunidad, así como por el feroz combate y deslegitimación de críticos y opositores; las voces discordantes están ideológicamente descalificadas por ser “neoliberales”, por atentar contra nuestra soberanía. Por ser impugnables ante sus estándares de vida o por cualquier otra razón que pueda argüirse de manera denostativa, aunque no sea probada; se trata de descalificar por dogma a los otros, y de reivindicar y proteger a los propios por necesidad retórica e ideológica.
