La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que los hechos registrados el domingo pasado durante una marcha por el agua sucia en Guadalajara, Jalisco, fueron una “lamentable represión, porque hay que llamar las cosas por su nombre”; mientras que el gobernador Pablo Lemus Navarro reconoció que hubo abuso por parte de los policías, por lo que ordenó una investigación interna.
En Palacio Nacional, la Mandataria dijo que si las personas afectadas presentan una denuncia formal, la Fiscalía General de la República (FGR) realizará la investigación correspondiente.
“En caso de que se presente una denuncia formal, pues ya estaríamos interviniendo (…) si es que se presenta algo en la Fiscalía General de la República contra algún elemento que haya participado en esta lamentable represión, porque hay que llamar las cosas por su nombre”, señaló.
Agregó: “Él [el gobernador] tiene que dar su explicación del comportamiento que tuvieron. Ayer dio una explicación y el pueblo de Jalisco tiene que tomar su opinión”.
La Presidenta adelantó que se reunirá este miércoles con el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, para analizar una propuesta técnica y financiera que permita atender la problemática de contaminación del agua en la zona metropolitana de Guadalajara.
Indicó que, una vez que se cuente con una propuesta, podría realizarse una reunión con el gobernador o con integrantes de su equipo, con la participación de la Secretaría de Gobernación.
Reconoce errores
Por su parte, el gobierno de Jalisco comenzó a distribuir un video en el que el gobernador Pablo Lemus reconoció los “graves errores” y abusos cometidos durante el operativo de la manifestación.
“Personalmente he revisado decenas de videos de la manifestación frente a Casa Jalisco y debo reconocer que fue un operativo con graves deficiencias que en el momento más crítico se salió de control. Hubo uso excesivo de la fuerza y hubo detenciones injustas”, dijo.
El mandatario señaló que nunca debió utilizarse agua ni gas contra los manifestantes, y que como encargado del gobierno, es a él a quien le toca dar la cara y tomar cartas en el asunto.
“Así como hubo manifestantes que actuaron con violencia, también algunos elementos policiales cometieron excesos y los tenemos identificados”, refirió.
En consecuencia —anunció— se realizará una investigación interna que será acompañada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para dar seguimiento a los procesos de sanción, según el nivel de responsabilidad de los implicados.
“Debemos garantizar la reparación del daño y la no repetición. Lo que sucedió el pasado domingo nunca más debe repetirse en nuestra ciudad, ni en nuestro estado”, consideró Lemus Navarro.
Respecto al tema del agua contaminada y la iniciativa que presentó ante el Congreso de Jalisco para construir un nuevo acueducto desde Chapala, con lo que se mitigaría parte del problema, el gobernador aseguró que esto no implica que el servicio se vaya a privatizar, que se contrate deuda o se aumenten las tarifas del servicio.
Liberan a los últimos detenidos
En tanto, las siete personas que continuaban detenidas por la protesta del domingo fueron liberadas la tarde de ayer tras ser remitidas a los juzgados estatales del complejo penitenciario de Puente Grande.
Por la mañana, la fiscalía de Jalisco informó que los siete detenidos fueron remitidos ante las autoridades jurisdiccionales para imputar a uno de ellos el delito de resistencia de particulares, y a los otros seis por lesiones dolosas agravadas por cometerse contra funcionarios de seguridad pública.
Se llevaron a cabo tres audiencias: durante la primera, el juez decidió no vincular a proceso al acusado de resistirse al arresto; en la segunda, dos de los acusados de lesiones fueron vinculados a proceso, pero se les permitirá enfrentar su proceso en libertad siempre y cuando cumplan con la medida cautelar de ir a firmar cada 15 días a los juzgados.
En la tercera audiencia, la defensa de los otros cuatro acusados de lesiones solicitó la ampliación del término constitucional para preparar una estrategia más sólida y buscar la no vinculación a proceso, por lo que fueron liberados con medidas cautelares hasta el próximo viernes, cuando se reanuda la audiencia.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), una de las organizaciones que ha acompañado a las familias de los 39 detenidos, recordó que, a pesar de la liberación de todos, el asunto no ha terminado, pues 32 personas siguen bajo investigación y dos están vinculadas a procesos, además, la situación de cuatro más está por definirse.
“¡La protesta social no es un delito! No permitamos que el sistema de justicia penal se convierta en una herramienta de persecución y criminalización. ¡No soltemos a las familias!”, señaló la organización.
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