Autonomía: una garantía para la sociedad
La reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) abrió una discusión sobre las condiciones que necesita el organismo para cumplir su tarea. Según La Tercera, la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados continuó este miércoles el debate general de los proyectos refundidos que buscan modificar su institucionalidad. En la sesión, representantes de Naciones Unidas y de organizaciones relacionadas con el Instituto expusieron reparos sobre los posibles efectos de los cambios en su independencia, sus atribuciones y su funcionamiento.
Hernán Valdés, representante para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, propuso evaluar la iniciativa a partir de una pregunta central: si fortalece las capacidades del INDH o debilita las condiciones para ejercer su mandato. Su planteamiento vinculó la autonomía con la protección de la sociedad, no con una ventaja para la institución. También subrayó que independencia y eficacia se complementan. Desde esa perspectiva, mejorar el desempeño del organismo no debería entenderse como una tarea opuesta a resguardar su autonomía.
Denunciar y querellarse no son lo mismo
Una de las principales observaciones apuntó a la eventual eliminación de la facultad del INDH para presentar querellas criminales. Valdés explicó que sustituirlas por denuncias no representa un cambio equivalente: una denuncia comunica hechos a las autoridades competentes, mientras que una querella permite ejercer atribuciones procesales para intervenir activamente en una causa penal. Para el lector, la diferencia es relevante porque no se discute únicamente cómo el Instituto informa sobre una posible vulneración, sino también qué herramientas conserva para participar en el procedimiento judicial.
El representante de Naciones Unidas añadió que la intervención como amicus curiae, expresión que significa amigo de la corte, tampoco reemplaza esas facultades. Su advertencia se apoyó en los Principios de París, que contemplan un mandato amplio para las instituciones dedicadas a promover y proteger los derechos humanos. Por ello, pidió revisar cualquier disminución de atribuciones considerando la progresividad y la no regresividad. El punto de fondo es evaluar si las herramientas propuestas mantienen la capacidad de protección del organismo, en lugar de asumir que distintas formas de intervención producen el mismo resultado.
Consejo, recursos y continuidad bajo la lupa
Las observaciones también abarcaron la integración del Consejo del INDH y el mecanismo para designar a sus miembros. Valdés llamó a proteger el pluralismo y la participación de diversos sectores de la sociedad civil, además de examinar la transición hacia la nueva institucionalidad, la estabilidad de las autoridades, los recursos y la presencia territorial. Recordó que el Instituto posee acreditación de categoría A ante la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, una distinción que, según explicó, acredita estándares internacionales de independencia, autonomía y pluralismo.
Consuelo Olvera, representante de la red continental RINCA, destacó que el INDH obtuvo esa acreditación en cuatro evaluaciones entre 2012 y 2025 y valoró su composición colegiada y plural como referencia regional. En materia financiera, La Tercera informó que el director del Instituto, Yerko Ljubetic, advirtió que el informe financiero de la iniciativa podría implicar la desvinculación de todos sus abogados. Se trata de un riesgo planteado durante la discusión, no de un desenlace confirmado. Para seguir el debate, será importante distinguir entre las modificaciones propuestas, sus efectos advertidos y las decisiones que finalmente se adopten.
Fuente: La Tercera. Redacción: Positiva+ Canal.








