Esas pequeñas diferencias

Esto se lo escuché a un empresario hace un par de días. Reconocía que el gobierno avanza a tropezones, pero valoraba su inalterable voluntad de transformación en ejes tan relevantes como son el crecimiento económico y la seguridad. Y eso, de por sí, ameritaría respaldo y reconocimiento.

Puede ser. De hecho, esa visión no es muy diferente de la que transmite el propio presidente cuando afirma que “no me quedo con los titulares ni con los comentarios”, sino con los resultados concretos de estos seis meses de gestión, como es el caso de la reforma tributaria. Reforzando esa idea, hace algunas semanas, en el marco de una actividad de la Federación de Medios de Comunicación, el mandatario apuntó sus dardos a los columnistas, a quienes criticó porque “se concentran en las pequeñas diferencias”.

Ese reclamo no es nuevo ni privilegio de esta administración en particular, pero cobra cierta relevancia, porque supone prescindir en las evaluaciones de esos “detalles” que en política merecen cuidado y que terminan configurando un cuadro de descoordinaciones e imputaciones mutuas que alteran los ánimos oficialistas y repercuten en la imagen del conjunto. “Por esas pequeñas cosas que van haciendo toda una vida”, como decía el gran Julio Iglesias.

Esta semana vivimos uno de esos episodios a propósito del rechazo en la Cámara del proyecto para ampliar el plazo de retención de migrantes con orden de expulsión. Porque podrán culpar a la oposición o a la bancada del PDG, pero lo cierto es que el proyecto se rechazó por un voto, que bien pudo provenir de alguno de los diputados que graciosamente acompañaron al presidente en su viaje a Naciones Unidas.

Como consecuencia, reaparecieron esas pequeñas diferencias que conviven en el oficialismo, esta vez entre los que apuntaron -una vez más- al manejo del ministro García y aquellos que lo respaldaron. Pero si “no es la mamá” de nadie, dijo Schalper. La responsabilidad recae en los que “simplemente se arrancaron”, agregó Martorell.

El gobierno se propone insistir ante el Senado, lo que implicaría superar este bochorno mediante la clásica práctica de conseguir votos a como dé lugar, porque el quórum requerido es exigente. Pero eso limitaría la interpretación de lo ocurrido a una mera cuestión de descoordinaciones, cuando en realidad esas pequeñas diferencias esconden cuestionamientos a una reforma plagada de grietas e interrogantes.

Porque fue solo hace tres años que el Congreso aprobó la ampliación de 48 horas a cinco días para las expulsiones administrativas; es decir, para extranjeros que infringieron la ley de migraciones y no respecto de aquellos que los tribunales ordenan su salida por causas delictuales. Los motivos esgrimidos para ampliar el plazo fueron los mismos que ahora: no se alcanzan a efectuar todos los trámites necesarios y las personas terminan libres.

Atendiendo a la unanimidad que consiguió esa reforma en el Senado, cabría suponer que los cinco días respondieron a una seria evaluación de los tiempos requeridos, por lo que no deja de sorprender que ahora se necesite multiplicar el plazo hasta por 36 veces y, a todo esto, sin mayor información sobre dónde serán detenidas estas personas, qué ocurrirá con las familias y sus hijos menores de edad o qué haremos con el migrante en el día 181.

Tampoco abunda la información respecto de los costos involucrados, cuestión que seguramente a la PDI le interesaría saber, porque es en uno de sus cuarteles del centro de Santiago donde hoy, en las mejores condiciones que consiguen generar, se mantiene detenida a la mayor parte de migrantes irregulares en condición de expulsión.

Lo interesante es que, según expertos, en la actualidad los plazos de expulsión rondan en promedio las 72 horas, sin incluir en este cálculo a la población venezolana, que representa del orden del 70% de los irregulares. Y ocurre que, en ese caso, el problema es otro: no hay vuelos directos ni tampoco relaciones consulares, por lo que los plazos terminan siendo evidentemente insuficientes.

Pero se trata de problemas operacionales, que se suman a varios nudos críticos administrativos, fallas informáticas (recordemos lo que ocurrió a comienzos de año, cuando más de 10 mil personas vieron frenados sus pagos de PGU por un error masivo en los registros de viaje de la PDI), y descoordinaciones que valdría bien revisar antes de proponer un régimen más extenso de detención.

Por supuesto, nadie está proponiendo que las expulsiones administrativas no se realicen, sino que se evalúen bien los procesos, los nudos burocráticos y todos aquellos aspectos que pueden estar trabando tanto la regularización de migrantes como su expulsión en los casos que corresponda. En ese sentido, el paso de este proyecto al Senado puede ser una oportunidad para abordar las cuestiones de fondo y no tener que volver a discutir en un par de años si los plazos de detención fueron o no los suficientes.

Porque hay problemas que reflejan algo mayor que pequeñas diferencias.