Al encuestar y entrevistar a 511 hombres privados de su libertad por cometer abuso sexual infantil y violaciones a niñas, niños y adolescentes, especialistas del Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz" concluyeron que los agresores no padecen trastornos mental o parafílico que justifique su actuar criminal.
El doctor Nicolás Ivan Martínez López indicó que no hay tratamiento médico para agresores sexuales ni presentan trastornos que puedan tratarse desde la psiquiatría: “Y eso recarga en la sociedad un peso mayúsculo: no estamos frente a un trastorno que pudiéramos tratar, ni frente a una conducta que pudiera modificarse a través de psicoterapia o psicofármacos”.
Durante la presentación del estudio “Entender para prevenir: Factores Asociados al Delito Sexual (FADES)” en colaboración con la organización Reinserta, el especialista señaló que, por lo tanto, la castración química o física tampoco aportaría mejores resultados para inhibir los delitos sexuales en menores de edad.
“Ese mito que ha perdurado a través de los medios y de las películas, las series, de que una persona que comete una agresión sexual tiene un trastorno mental, se ha ido venciendo con este tipo de investigaciones, pero la castración química no resuelve absolutamente nada”, afirmó.
El psiquiatra forense explicó que la castración química consiste en inyectar o administrar fármacos que inhiben la producción de hormonas como la testosterona, pero con la medida se puede desarrollar cáncer. Mientras que los efectos secundarios de los medicamentos es la depresión, que en hombres puede aumentar la posibilidad de que cometan más crímenes.
“Y la mejor manera es aproximarse psicoterapéuticamente para que comprendan y se quiten este sesgo cognitivo y puedan restituir el daño que ocasionaron en medida posible y no solamente con una sanción económica. Ahí es donde podremos tener una justicia verdadera. No administrando fármacos que simple y sencillamente les van a apagar el deseo un rato, les van a generar cáncer y cuando salgan van a seguir igual o más violentos”, comentó al agregar que los agresores tampoco son psicópatas.
Resultados del estudio
Especialistas en salud mental encuestaron y entrevistaron a personas privadas de su libertad en 10 centros penitenciarios y de reinserción en: Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro y Quintana Roo. A través de cuestionarios de salud, instrumentos y pruebas de detección de consumo de alcohol y sustancias, se encontró en los voluntarios que participaron lo siguiente:
De las 511 personas privadas de su libertad tomadas en cuenta en el estudio, 96.3% (492) eran hombres y el 3.7% (19) restante, eran mujeres. La edad promedio de las personas privadas de la libertad que conformaron la muestra fue de 43.8 años.
En el caso de los delitos sexuales cometidos contra niños(as), adolescentes y adultos, el abuso sexual fue más frecuente, mientras que la violación fue más frecuente contra adultos. De la muestra, 218 personas cometieron delitos sexuales contra niñas y niños; 189 cometieron delitos sexuales contra adolescentes y 104, contra adultos.
Se encontró que 26.4% (135 personas) presentaron síntomas compatibles con un Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH); 7.2% (37 personas) reportaron un tamizaje positivo de estrés postraumático y solo 3.1% (16 personas) tuvieron un tamizaje positivo para un trastorno parafílico. Además, 69 de 511 personas encuestadas padecen síntomas de depresión; 23 presentaron síntomas de manía y 42 reportaron síntomas de ansiedad.
En cuanto a maltrato en el ámbito familiar, se observó que los participantes fueron víctimas de violencia física o verbal en sus hogares. Del total de la muestra, la experiencia de maltrato más reportada fue “recibir gritos”, identificada por el 53.8% (274) de los participantes, seguido por el 47.3% (241) que reportó “recibir nalgadas” y el 45.6% (232) que reportó que “golpearon o trataron de golpearlo con objetos (cinturones, cuerdas, etc.)”. También desarrollaron conductas disociales como pequeños robos o participaron en peleas.
Agresores tenían creencias equivocadas de la violencia sexual
Además, expertos encontraron que los agresores tenían creencias y concepciones erróneas alrededor de la violencia sexual, como que los hombres no pueden ser víctimas de violación o que las mujeres mienten al denunciar violencias “para llamar la atención”.
El 43.2% (es decir, 221) de las personas privadas de su libertad habían completado estudios de secundaria (9 años completos de escolaridad), seguido por el 23.9% (122) que cursó el bachillerato, el 21.3% (109) con educación primaria completa, el 7.5% 50 (38) con estudios de licenciatura o posgrado y el 4.1% (21) reportaron no haber asistido a la escuela, pero saben leer y escribir.
Con referencia al nivel socioeconómico, poco más de la mitad de las personas privadas de la libertad se ubicó en el nivel bajo (51.9%, 265). Mientras que el promedio de años de sentencia por delitos sexuales fue de 15.6 años.
Al entrevistar a 22 personas privadas de su libertad, la doctora Ana Fresán Orellana y la psicóloga Mariana Flores Camargo, encontraron que algunos de los participantes señalaron que desconocían que sus actos constituían un delito; mientras que la culpa y arrepentimiento se centró en sus consecuencias personales y no en el daño que causaron en las víctimas.
Desde el Museo de Memoria y Tolerancia, se reiteró que durante 2024, casi la mitad de las víctimas de violencia sexual en México, fueron niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con el INEGI, en 2024 se reportaron 19 mil 285 casos de violencia sexual: tres de cada cuatro casos reportados corresponden a personas de 12 a 17 años.
El doctor Nicolás Ivan Martínez López indicó que una tercera parte de la muestra estudiada tuvo una crianza sin mayores variantes. Cerca de la mitad de los agresores tiene bajos niveles de empatía, aunque no son particularmente agresivos u hostiles; además atribuyen la responsabilidad a las víctimas y visualizan a las personas como objetos para satisfacer sus deseos sexuales.
Tampoco presentan culpa o arrepentimiento y los agresores sexuales no poseen una característica o cualidad que puedan permitir su identificación antes de que cometan delitos sexuales contra niñas y niños. El experto indicó que la comisión de delitos es una conducta delictiva derivada de percepciones, creencias y sesgos, que el entorno refuerza y respalda, emanado de una esfera social que permite los delitos y no los combate eficazmente.
Piden crear políticas públicas
“Los agresores sexuales que hemos entrevistado no tienen un trastorno mental. No tiene que haber una iniciativa de ley que genere un tratamiento. Necesitamos políticas públicas e iniciativas de ley que nos ayuden a clarificar que estos factores se tienen que tratar desde la población general, que tenemos que prevenir desde el hogar. Una hipótesis que teníamos desde que planteamos este estudio, es que lo que realmente salió, es el patriarcado detrás”, refirió el también investigador en Ciencias Médicas.
Por otro lado, indicó que los agresores en centros penitenciarios, no representan ni el 10% de todos los que cometen abuso sexual infantil o violaciones a niñas, niños y adolescentes en México. A esto se le suma que existe cifra negra, porque las familias no denuncian casos de abusos porque no creen en la justicia.
Ante este panorama, la abogada Sofía Martínez Paz lamentó que en la actualidad no hay coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno para prevenir, denunciar y dar seguimiento a casos de abuso sexual infantil. Por lo que recomendó la creación de rutas interinstitucionales de detección temprana, atención y derivación frente a estas conductas.
“Que haya una ruta para la canalización del reporte para el gobierno y para la canalización también de las autoridades, porque la verdad es que no puede ser que México ocupe los primeros lugares en abuso sexual infantil y no tengamos una ruta, ni política pública en absoluto. No hay una coordinación por parte de nuestras autoridades, es una realidad”, expresó.
La directora de incidencia de Reinserta se pronunció ante la necesidad de la prevención primaria, es decir, antes de que ocurran los actos de violencia sexual. Pidió implementar campañas nacionales de prevención de violencia sexual enfocadas en normas sociales y masculinidades.
Así como la creación de contenidos educativos sobre consentimiento, autonomía corporal y relaciones saludables para la implementación de jornadas obligatorias de concientización del abuso sexual por parte de personal externo en las escuelas. Y la creación de Comités Escolares de Prevención y Atención de Violencias.
“Y la prevención terciaria, específicamente para la población que fue la entrevistada en este estudio, para las personas que están privadas de la libertad por la comisión de delitos sexuales. La incorporación de programas de tratamiento psicológico especializado para estas personas dentro de los centros de internamiento”, explicó la especialista en derechos humanos, perspectiva de género y derechos de la mujer.
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