Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, volvió al centro de la atención pública después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyera en una lista de personas sancionadas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La medida, anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), forma parte de un paquete de sanciones contra 21 personas y 25 empresas que, según el gobierno estadounidense, actúan como líderes, operadores o facilitadores de la organización criminal.
Entre los señalados aparecen Carlos Torres y su hermano, Luis Alfonso Torres Torres.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Carlos Torres sería un operador político vinculado a Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, identificado como aliado de la facción de La Mayiza, ligada al Cártel de Sinaloa.
Las autoridades estadounidenses sostienen que Torres habría utilizado su influencia política para facilitar actividades del grupo criminal y protegerlo de acciones gubernamentales en Baja California.
El comunicado también señala a Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, a quien se acusa de recibir sobornos a cambio de favorecer operaciones del cártel.
Según la versión del Tesoro, Mendivil habría entregado pagos mensuales a Carlos Torres, mientras que Luis Alfonso Torres presuntamente habría participado en el manejo y lavado de esos recursos a través de empresas y campañas políticas.
Las sanciones fueron impuestas bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, utilizadas por Estados Unidos para bloquear bienes y operaciones de personas acusadas de apoyar organizaciones criminales y terroristas.
Como parte de estas acciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a los 46 sancionados a la Lista de Personas Bloqueadas en México.
La respuesta de Carlos Torres
Tras el anuncio, Carlos Torres rechazó los señalamientos y negó cualquier vínculo con actividades ilícitas.
“Niego cualquier relación con grupo o actividad criminal alguna, dentro y fuera de México”, afirmó en un posicionamiento público.
Torres sostuvo que la única empresa mencionada por OFAC en la que participa es Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., dedicada a la venta de productos orgánicos.
“La única empresa señalada por la OFAC de la que soy accionista del 30 por ciento es Vida Orgánica Tijuana”, indicó.
También anunció que buscará aclarar su situación ante las autoridades estadounidenses.
“Iniciaré las gestiones ante la OFAC y las demás autoridades correspondientes para que se aclare la información que niego absoluta y rotundamente”, señaló.
El exfuncionario añadió que los señalamientos comenzaron a partir de denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) en 2025 y afirmó que no ha sido llamado a declarar.
“Soy el más interesado en que se concluyan las diligencias correspondientes, para que se compruebe que no tengo relación con ninguno de los supuestos hechos investigados por la autoridad norteamericana”, expresó.
Un caso que se arrastra desde 2025
Los señalamientos contra Torres no son nuevos.
En mayo de 2025 informó que Estados Unidos le revocó la visa. Un mes después anunció su renuncia a cargos honorarios y calificó las acusaciones como infundadas.
En enero de 2026 confirmó públicamente que existía una carpeta de investigación en la FGR derivada, según dijo, de una denuncia anónima.
“No tengo nada que ocultar”, declaró entonces.
Días más tarde difundió un video en redes sociales en el que afirmó:
“No soy el criminal que algunos han construido en redes”.
Hasta ahora, las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro constituyen una acción administrativa del gobierno de Estados Unidos basada en sus investigaciones. Carlos Torres rechaza los señalamientos y sostiene que colaborará con las autoridades para aclarar su situación.
El caso se mantiene abierto tanto en el ámbito político como en el legal y podría tener nuevas implicaciones conforme avancen las investigaciones en México y Estados Unidos.
