Andes Iron, de las familias Délano Méndez y Garcés, desistió de los recursos de casación y de queja que había presentado ante la Corte Suprema por el fallo del 20 de febrero de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, el que rechazó el proyecto minero-portuario confirmando la decisión del Comité de Ministros de 2025.
La empresa explicó que “frente a la presentación, por parte de organizaciones sociales, de diversas solicitudes de invalidación en contra de la resolución del Comité de Ministros de enero de 2025 que abiertamente contravino lo decidido por el Primer Tribunal Ambiental, y a objeto de no obstaculizar su avance, Andes Iron ha decidido desistirse de los recursos de casación y de queja que había interpuesto en miras a lograr una adecuada ejecución de dicha sentencia judicial”.
Y añadió que “en efecto, la Corte Suprema se encontraba tramitando estos recursos, lo que congeló el avance de las solicitudes de invalidación. En las actuales circunstancias, Andes Iron estimó como prioritario que se rectifique una actuación administrativa que se realizó en desacato, por lo que ha adoptado esta decisión en respeto y deferencia a las organizaciones sociales que legítimamente se encuentran procurando progreso y desarrollo para la Región de Coquimbo”.
Para el ex ministro de Medio Ambiente de Bachelet II, Marcelo Mena, el proyecto se encuentra rechazado y apunta a que Dominga no ha querido cambiar las faltas que los organismos ambientales les hicieron ver en las tres veces que la iniciativa ha sido rechazada por el Comité de Ministros, la máxima autoridad ambiental del país.
“El proyecto está rechazado actualmente como lo estuvo cuando fue rechazado por los comités de evaluación ambiental que han concurrido. En todo escenario está rechazado y no está aprobado, esa es la realidad. El cálculo que debe haber hecho Dominga es que en todo escenario el proyecto se mantenía rechazado y que demorar en la Corte Suprema una decisión que pueda revertirla también sería reclamada y, por tanto, esperarán a que los otros fallos paralelos que tengan se ejecuten en forma completa, cosa que no ha ocurrido”, indica.
Comité de Ministros, próxima etapa
Fuentes conocedoras del proceso plantean que la siguiente instancia de relevancia que viene es el Comité de Ministros, organismo que resolverá las cuatro reclamaciones presentadas por organizaciones sociales a inicios de junio.
Estas solicitaron anular la decisión del Comité de Ministros que rechazó por tercera vez el proyecto minero-portuario de US$ 3 mil millones. Ahora bien, la compañía deberá esperar que la Corte Suprema acoja el desistimiento que ingresó.
La estrategia de la empresa, comentan cercanos, buscó dejar que el proceso de reclamaciones en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) fluyera, pues el organismo estaba a la espera de la decisión de la Corte Suprema. Y por ello, retiró sus acciones judiciales de esa instancia.
Consultado el ministerio de Medio Ambiente, indicó que “la siguiente etapa es que el máximo tribunal se pronuncie sobre esa presentación, por lo que no corresponde anticipar sus efectos. Además, existen reclamaciones judiciales pendientes ante el Segundo Tribunal Ambiental suspendidas a la espera de lo que resuelva la Corte Suprema en la materia, de manera que, sin perjuicio de lo que se decida, van a persistir litigios pendientes en otra sede judicial. Por ende, lo que corresponde es respetar esos procedimientos judiciales y dejar que las instituciones funcionen”.
Los cambios que necesitaba Dominga
Para Mena, los cambios de fondo que la minera no ha podido cambiar es la realización de un puerto. “Hay un puerto que está cerca aprobado, que es Cruz Grande, ¿qué impide que la mina pueda exportar por ahí, por Coquimbo o Huasco? Acá el proyecto siempre ha sido la exportación, el tema de los impactos ambientales más evidentes tienen que ver con el emplazamiento del puerto. Ese es el tema que no se ha querido solucionar. Sin puerto no hay problema".
La solución para ello, dice Mena, podría haber sido un acuerdo comercial con Cruz Grande, de la Compañía Minera del Pacífico (CMP). “Esto se podría haber hecho con Cruz Grande, pero esa es la paradoja. Sería cosa que Cruz Grande llegara a un arreglo comercial con Dominga, pero eso muestra que en realidad el negocio completo es lo que le importa a la empresa, y no necesariamente ejecutarlo en condiciones más óptimas para el medio ambiente”.
Respecto de las posibles vías administrativas que puede tener Dominga, Mena afirmó que “habiendo quedado definido que está rechazado, puede que ellos hayan definido hacer una reclamación ante el Comité de Ministros o la misma Corte Suprema. Eso es con respecto al fondo. Esa sería la interpretación, quizás simplemente se dieron cuenta de que todos los escenarios conducían a que tenían que revertir ese rechazo porque todos los escenarios vigentes eran con un rechazo al final”.
El proyecto Dominga ha generado debates a lo largo de los años respecto de la tramitación ambiental y de la judicialización de proyectos, los que muchas veces han puesto en duda si el proyecto está aprobado o rechazado.
“El enredo que se ha generado se da porque simplemente se ha querido reclamar en paralelo muchas instancias en vez de haber dejado que este proyecto se defina en forma final por la Corte Suprema. Esto no ha ocurrido hasta ahora. Simplemente, han sido loops interminables que hacen difícil incluso a los protagonistas seguir lo que está ocurriendo”, analiza el ex ministro.
Se pregunta: “¿Qué es lo que hace pensar a esta empresa que puede persistir simplemente diciendo que cumple las normativas cuando ha sido rechazado más que cualquier otro proyecto en la historia de la institucionalidad ambiental? Nunca un proyecto ha sido rechazado tres veces en el Comité de Ministros”.
Concluye señalando que “esa es la realidad que la empresa que ha querido tratar de instalar. Que cumple todas las normativas y que han sido las instancias políticas las que lo han rechazado, cuando siempre hubo informes técnicos sólidos que indicaban que el proyecto debía ser rechazado”.
