El Juzgado de Garantía de San Javier decretó la prisión preventiva para el exdirector de finanzas de Municipalidad de Colbún tras su formalización por delitos de corrupción.
El imputado estaba siendo buscado y se presentó este jueves ante las autoridades.
Con él, son una decena de empleados públicos los que han sido formalizados en la causa, quedando todos con la misma medida cautelar, al igual que los tres empresarios formalizados.
“Fue formalizado por los delitos reiterados de fraude al fisco, cohecho y asociación criminal. Su participación estaba principalmente vinculada a aprobar facturas ideológicamente falsas por trabajos o suministros que no se correspondían con la realidad y de esta manera facilitar a la empresa constructora Pereira que esta factorizara ante los diferentes factoring grandes sumas de dinero”, explicó el fiscal del caso, Patricio Caroca, en una declaración en video difundida tras la audiencia.
El persecutor informó que “la investigación también logró acreditar que esta persona realizaba estas funciones a cambio de sobornos que recibió directamente de parte de la constructora Pereira en su cuenta corriente, como también a través de su hermano”.
“Estos delitos para la Fiscalía radican en que la corrupción municipal no solo lesiona el patrimonio fiscal, sino que también lesiona el patrimonio fiscal y expone a las corporaciones de edilicia a pagar grandes sumas de dinero. De hecho, en este caso, la corporación municipal Colbún tuvo que desembolsar más de 114 millones de pesos en el tribunal para evitar así órdenes de arresto para el alcalde. Creemos que este tipo de conductas además lesionan gravemente la fe pública”, afirmó Caroca.
El fiscal precisó que con esta formalización se cerró “el primer capítulo de esta investigación en torno a la cúpula operativa y funcionamiento de esta red”.
“Sin embargo, la Fiscalía seguirá trabajando para esclarecer estos hechos y determinar la responsabilidad de todas las personas que se encuentren involucradas”, garantizó.
La investigación del Ministerio Público apunta a dos empresas constructoras y a funcionarios del Gobierno Regional (GORE) del Maule, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y de los municipios de San Javier, Colbún, Longaví y Villa Alegre.
Los primeros formalizados fueron detenidos la madrugada de este lunes 5 de octubre en un despliegue coordinado entre el Ministerio Público y la Brigada de Delitos Económicos Linares de la Policía de Investigaciones (PDI) denominado operación Castillo de Naipes.
La Fiscalía del Maule estima que las acciones de los 13 imputados habrían generado una defraudación cercana a los 3 mil millones de pesos.
