El fiscal general de Brasil, Jorge Messias, declaró este jueves que la injerencia extranjera en las instituciones y la democracia de su país “no puede tolerarse”, después de que un reporte revelara cómo el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, estaba presionando para destinar fondos a una campaña contra el Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño.
De acuerdo al diario británico The Guardian, un informe indicaba que la Administración Trump buscaba destinar más de 175 millones de dólares del fondo insignia de derechos humanos del Departamento de Estado a una serie de subvenciones para impulsar una agenda de extrema derecha en el extranjero, que incluye la campaña contra el Supremo de Brasil.
Ante esto, Messias respondió en redes sociales a lo revelado por el medio europeo, calificando el informe como “una importante alerta para la soberanía brasileña”.
“La información es especialmente grave a la luz del proceso electoral de Brasil y los recientes episodios de presión externa sobre nuestras instituciones”, añadió Messias en X.
En su publicación, el fiscal además afirmó que “los desacuerdos entre gobiernos son inherentes a las relaciones internacionales. Lo que no se puede tolerar es que intereses políticos extranjeros intenten interferir en el funcionamiento de las instituciones brasileñas o influir, directa o indirectamente, en decisiones que pertenecen exclusivamente al pueblo brasileño”.
“Es derecho de cada generación de brasileños decidir libremente su destino, proteger sus instituciones y legar a sus hijos un país que no acepte decisiones sobre Brasil tomadas fuera de Brasil. Nuestra democracia pertenece a los brasileños. Y así debe seguir siendo”, apuntó.
A reportagem publicada pelo The Guardian acende um importante alerta para a soberania brasileira.
— Jorge Messias (@jorgemessiasagu) October 1, 2026
Segundo o jornal, recursos do Human Rights and Democracy Fund, do governo dos Estados Unidos, estariam sendo redirecionados para financiar pautas conservadoras e de extrema direita…
Las declaraciones del fiscal general se produjeron en respuesta al informe que indicaba que la Casa Blanca financiaría a grupos de la sociedad civil que se oponen a lo que denominan extralimitación judicial y censura por parte de la Corte Suprema brasileña.
Esto a través de una iniciativa de un millón de dólares denominada “Combatir la Guerra Jurídica y la Censura en Brasil”.
De acuerdo a The Guardian, el movimiento de extrema derecha que apoya al expresidente Jair Bolsonaro considera al Supremo, y en particular al magistrado Alexandre de Moraes -que presidió el juicio contra el exmandatario-, su mayor enemigo.
Moraes desempeñó un papel clave en la frustración del complot autoritario de Bolsonaro, que culminó en los disturbios del 8 de enero de 2023 en Brasilia; a pesar de las preocupaciones sobre si el juez se extralimitó en sus funciones constitucionales en su cruzada para proteger la democracia.
Los partidarios de Bolsonaro siguen afirmando que su encarcelamiento es injusto y que es víctima de una farsa con motivaciones políticas, impulsada por una “dictadura judicial” corrupta.
A esto se suma que, en los últimos meses, Trump y su gobierno han sido acusados nuevamente de injerencia en los asuntos brasileños mediante el uso de aranceles y la designación de dos grupos del crimen organizado brasileño como organizaciones terroristas extranjeras.
Con lo que habría buscado impulsar la campaña de Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario, y debilitar al actual jefe de Estado de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de cara a las elecciones presidenciales de este domingo.
Policía y Fiscalía investigarán supuesta financiación
Durante esta misma jornada, las autoridades de Brasil pidieron a la Policía Federal (PF) y a la Fiscalía General (PGR, por sus siglas en portugués) investigar la supuesta financiación por parte de EE.UU. destinada deslegitimar al STF, en medio de nuevas denuncias de presión y ataques por parte de la Administración Trump contra Brasília.
La Abogacía General de Unión (AGU), órgano que representa legalmente al Ejecutivo brasileño, anunció su solicitud de intervención a la PF y la PGR ante la información “especialmente grave” publicada por The Guardian.
“De comprobarse, la recepción de capital extranjero para promover ataques organizados y sistemáticos contra la soberanía nacional y el funcionamiento de las instituciones del Sistema de Justicia brasileño, mediante la instrumentalización de fondos internacionales desviados de su propósito original de proteger los Derechos Humanos, podría revelar una estructura de injerencia externa en los asuntos internos del Estado brasileño”, advirtió la AGU en un comunicado recogido por la agencia Brasil.
De la misma forma, como consignó Europa Press, la Abogacía del Estado recordó que, si bien la legislación brasileña consagra la libertad de expresión y el derecho legítimo a la crítica, también prohíbe las injerencias extranjeras en el país.
“El propio orden constitucional brasileño se basa en los principios de soberanía, independencia y no intervención. Tales premisas se traducen, por ejemplo, en la prohibición de la financiación o subordinación de agrupaciones políticas por parte de entidades o gobiernos extranjeros”, agregó.
