Fiscales estadunidenses reabrieron el lunes una investigación por una presunta violación grupal en la prestigiosa Universidad de Cornell tras denuncias de que la casa de estudios no sancionó adecuadamente a los acusados.

La presunta víctima afirmó en una demanda civil presentada este mes que en 2024 fue drogada con ketamina, agredida y violada por siete miembros de la fraternidad Chi Phi, un club social para estudiantes varones de la universidad.

Cornell expulsó a los estudiantes implicados y cerró la fraternidad, pero los detalles del caso han provocado indignación y han reavivado el debate sobre las agresiones sexuales en los campus estadunidenses.

Matthew Van Houten, fiscal del distrito del condado de Tompkins, en Nueva York, dijo que planea presentar cargos penales contra los siete hombres acusados.

Agregó que su oficina decidió en 2024 no procesar el caso porque el testimonio de la víctima no establecía la falta de consentimiento, pero que ahora ha decidido hacerlo a la luz de sus nuevas acusaciones.

Reconozco la realidad de que las víctimas de agresiones sexuales pueden necesitar años de terapia y recuperación para procesar plenamente y comprender lo que les sucedió", dijo Van Houten en un comunicado. "Buscar justicia a veces requiere que reconsideremos o reabramos casos cuando se nos proporciona evidencia adicional", añadió.

Kyle Kimball, vicepresidente de relaciones universitarias de Cornell, afirmó que la universidad, miembro de la prestigiosa Ivy League, respalda la decisión de reabrir la investigación.

Pero rechazó la afirmación, formulada en la demanda civil, de que se ofreció a los sospechosos la oportunidad de escribir ensayos para resarcir su conducta.

Cualquier insinuación de que la universidad no impuso castigos contundentes a los implicados es falsa", dijo.

La demanda civil de 101 páginas presentada en Nueva York ofrece detalles sobre la presunta agresión a la mujer, cuya identidad se mantiene protegida.

Por ejemplo, incluye una captura de pantalla de un mensaje grupal en Snapchat de una aparente invitación para que otros miembros de la fraternidad participaran en el presunto abuso.

La querella busca una indemnización económica de la institución y de los siete sospechosos, y añade que la mujer ha sufrido "graves trastornos emocionales y psicológicos".

El caso ha generado gran conmoción pública y ha sido condenado por figuras como la actriz británica Florence Pugh y la legisladora demócrata Alexandria Ocasio-Cortez.

Contexto judicial y universitario

La reapertura anunciada por la Fiscalía del condado de Tompkins modifica el curso de un expediente que había quedado sin procesamiento penal en 2024. El fiscal Matthew Van Houten ha señalado que la nueva decisión se basa en las acusaciones y elementos adicionales incorporados posteriormente al caso; corresponderá ahora a la Fiscalía determinar qué cargos formales presenta y a los tribunales valorar las pruebas.

El caso también se desarrolla en paralelo por la vía civil. La demanda presentada en Nueva York reclama una compensación económica contra Cornell y los siete estudiantes señalados, pero las alegaciones contenidas en una demanda no constituyen por sí mismas una determinación judicial de responsabilidad.

En el ámbito federal, el Title IX de la legislación estadunidense prohíbe la discriminación por razón de sexo en instituciones educativas que reciben fondos federales. El Departamento de Educación puede investigar denuncias relacionadas con la respuesta de universidades a casos de acoso y violencia sexual. Cornell cuenta además con procedimientos internos específicos para denuncias de conducta sexual indebida.

La investigación penal y el litigio civil tienen estándares y objetivos distintos: la primera busca determinar si existen elementos para imputar delitos y eventualmente obtener una condena; el segundo busca establecer responsabilidades civiles y, en su caso, una indemnización. Mientras no exista una resolución judicial, las acusaciones contra los siete estudiantes deben considerarse presuntas.