El Juzgado de Garantía de San Javier decretó la medida cautelar de prisión preventiva para dos personas que se encontraban en calidad de prófugas de la justicia. Ambos individuos figuran como imputados centrales en una compleja indagatoria penal por delitos de fraude al fisco y cohecho que afecta a la región del Maule.
Los requeridos corresponden a la actual directora de Obras de la Municipalidad de Longaví y a un exprofesional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), quien se desempeñaba como encargado regional de proyectos. Tras evadir los operativos policiales iniciales, ambos decidieron presentarse de forma voluntaria a primera hora de este miércoles ante el tribunal.
Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público durante la audiencia de formalización, los acusados utilizaron de manera ilícita las atribuciones propias de sus cargos públicos. Bajo este mecanismo, habrían recibido altas y reiteradas sumas de dinero por parte de la Constructora Pereira e Hijos Limitada, con el objetivo de favorecer a la firma en diversos proyectos financiados con recursos estatales.
Operación Castillo de Naipes: La red que salpica al GORE Maule
Con la resolución adoptada por el tribunal, los dos profesionales se suman a una extensa nómina de imputados que ya se encontraban formalizados y privados de libertad. Hasta la fecha, el caso acumula a doce personas bajo la misma medida cautelar, desglosadas en nueve funcionarios públicos y tres empresarios de la zona.
El entramado quedó al descubierto la madrugada del pasado lunes 5 de octubre. En un operativo denominado “Operación Castillo de Naipes”, se logró la captura masiva de los primeros implicados gracias a un despliegue coordinado entre el ente persecutor y la Brigada de Delitos Económicos Linares de la Policía de Investigaciones (PDI).
Las diligencias han revelado una estructura delictual que no solo involucra a municipios locales, sino que también apunta directamente a procesos administrativos y licitaciones visadas por el Gobierno Regional del Maule (GORE).
Para esclarecer la totalidad de los traspasos financieros y determinar el grado de participación de cada entidad gubernamental afectada, el tribunal competente confirmó que mantendrá inalterable el plazo de investigación de cuatro meses fijado tras las primeras detenciones.
