El Gobierno concretó este sábado 10 de octubre su décimo vuelo de expulsión de ciudadanos extranjeros, con un total de 56 personas trasladadas hacia Bolivia, Ecuador y Colombia. Con este procedimiento, el balance oficial de expulsiones durante 2026 asciende a 1.874 personas.
El operativo se realizó a bordo de un vuelo chárter de Andes Línea Aérea, que despegó desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago, a las 1:25 horas, e hizo una escala en Iquique antes de continuar hacia los tres países de destino.
De los 56 extranjeros incluidos en el procedimiento, 45 fueron expulsados por la vía administrativa y 11 por resolución judicial. Por nacionalidad, el grupo está compuesto por 21 colombianos, 20 bolivianos y 15 ecuatorianos.
Las cifras fueron entregadas por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez; el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Frank Sauerbaum; y el jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones (PDI), prefecto inspector Ernesto León.
Pavez destacó que el operativo permite alcanzar 1.874 expulsiones durante el año, cifra que, sostuvo, equivale a un promedio cercano a 200 procedimientos mensuales y siete diarios.
El subsecretario también afirmó que la frecuencia de los vuelos de expulsión de la actual administración es aproximadamente tres veces superior al promedio mensual del gobierno anterior.
Los antecedentes de los expulsados
Entre las principales causales del procedimiento figura el ingreso al país por pasos no habilitados, situación asociada a 31 de los 56 extranjeros incluidos en el vuelo.
El registro también contempla seis casos vinculados a robos con intimidación, cinco relacionados con la ley de drogas, cuatro por receptación de vehículos motorizados y dos por robos con violencia, además de otros antecedentes.
El prefecto inspector Ernesto León informó que entre los expulsados “cinco sujetos de interés con diferentes antecedentes policiales, efectivamente por tráfico de drogas, por violación”.
El jefe policial agregó que uno de los ciudadanos colombianos mantiene una orden de captura en su país por hurto calificado.
Durante la entrega de resultados, las autoridades también abordaron la evolución de los controles migratorios en el país.
Entre enero y septiembre de 2026 se registraron 301 denuncias directamente en frontera, frente a las 4.515 contabilizadas durante el mismo período de 2025. Esto representa una disminución de 93,3%, de acuerdo con las cifras de la PDI.
Se trata de un indicador diferente de las denuncias por ingreso a través de pasos no habilitados, que pasaron de 16.603 a 13.626 en la comparación entre ambos períodos.
En paralelo, el número de procedimientos de fiscalización migratoria aumentó 24,7%, pasando de 1.407 entre enero y septiembre de 2025 a 1.755 durante el mismo período de este año.
También creció la cantidad de extranjeros fiscalizados, que pasó de 28.085 a 41.171 personas, un incremento de 46,6%.
Sobre esta materia, Sauerbaum adelantó que las próximas diligencias también estarán dirigidas a empleadores. “Vamos a continuar con las fiscalizaciones que estamos haciendo a las empresas que han contratado a personas irregulares y también llevando adelante el proceso de multa respectivo”, sostuvo.
Más de 10 mil salidas voluntarias durante 2026
Otro de los indicadores destacados por el Ejecutivo corresponde a las salidas voluntarias efectivas de ciudadanos extranjeros.
Según los registros de la PDI, entre el 3 de enero y el 4 de octubre se contabilizaron 10.345 salidas voluntarias, correspondientes a personas que habían ingresado al país por pasos no habilitados y posteriormente abandonaron el territorio mediante controles policiales, sin que mediara una medida de expulsión.
Del total, 8.243 corresponden a ciudadanos venezolanos, equivalentes al 79,7%, mientras que otras 970 salidas fueron realizadas por colombianos.
Al sumar las 10.345 salidas voluntarias y las 1.874 expulsiones contabilizadas por el Gobierno, el balance alcanza las 12.219 salidas informadas durante 2026.
Pavez sostuvo que estos resultados forman parte del Plan de Ordenamiento Migratorio impulsado por la administración del Presidente José Antonio Kast, y aseguró que continuarán las medidas destinadas a hacer cumplir la legislación migratoria.
