El ministro (s) de Interior Máximo Pavez detalló este lunes en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados que el Ejecutivo decidió acotar a catorce los delitos integrados dentro del marco del Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades, del original de los veintitrés integrados en la iniciativa original.
“Mantuvimos en general aquellos delitos que nos parece que son uniformemente más acorde a los finales del ejercicio de las funciones de autoridad”, explicó Pavez.
Y es que la propuesta de ley, que ya había recibido durante su trámite legislativo críticas por su foco en la pérdida de beneficios sociales como la Pensión Garantizada Universal (PGU) o la gratuidad, este lunes el Ejecutivo ahora continuó con el retiro de algunos de los delitos que buscaba integrar.
En específico, se eliminaron principalmente aquellos vinculadas a los delitos más graves, de tal forma de mantener la “proporcionalidad” de la lista.
Entre ellas se incluían todas las referidas a amenazas, como a fiscales o defensores públicos, y los delitos de sangre (homicidios, lesiones o maltrato). Además, también se restó la referida a la participación en casas de apuestas.
Por otro lado, el Ejecutivo también se mostró abierto a integrar dentro del catálogo el maltrato o crueldad animal.
“Nos parece perfectamente pertinente que la comisión si lo tiene bien lo puede aprobar con el apoyo nuestro, no es necesario el patrocinio, y de esa forma nos parece que el proyecto queda mucho más equilibrado”, detalló Pavez.
Tras dar a conocer estas modificaciones, parlamentarios mostraron sus dudas respecto a la relación entre los delitos que fueron mantenidos en la lista. Diputados como Gloria Naveillán (PNL), Raúl Leiva (PS) o Bernardo Salinas (PC) apuntaron a esta materia tras el detalle por parte de Pavez.
“Muchas veces la interpretación viene de la mano con la definición del tipo y cuando se define y cuando se señala que constituyen actos vandálicos en una sola enumeración, sin una definición asociada, lo que pareciera que hay más que una definición de tipo penal una utilización de un lenguaje político comunicacional”, criticó por su parte Leiva.
Sobre esto, el ministro (s) explicó que el proyecto busca “sancionar a las personas que sin justificación terminan dañando el patrimonio público, los espacios públicos, los museos, que se dedican a que ejercen de una forma desproporcionada la manifestación, que terminan o quemando un Transantiago, que terminan tomándose una micro, que terminan portando bomba Molotov, que terminan rayando los museos. Eso es lo que este proyecto busca y que para el gobierno es muy importante avanzar en esta señal”.
Votación de los artículos
Tras otras recriminaciones sobre la pérdida de derechos sociales y la poco claridad de los delitos integrados en la lista, la comisión inició la votación en particular de la iniciativa.
Previo a ello, Pavez remarcó: “Si alguien no está de acuerdo con el proyecto, lo que tiene que hacer es votarlo en contra. No, yo no aspiro a persuadir más de lo que ya hemos dicho. Hay que seleccionar un catálogo de conductas que atentan contra la vida en común, el orden civil, algunos que son delito, otras que no son delito. Esa es la filosofía del proyecto”.
Así se inició la votación, donde primero por 7 votos a favor, 5 en contra y una abstención se aprobó eliminar de la lista los delitos antes detallados por el Ejecutivo.
Mientras tanto, en el mismo artículo que detalla los delitos enlistados, se aprobó por 10 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones una indicación del diputado Juan Marcelo Valenzuela (PDG) que integra al listado el maltrato animal y sobre el encargo o realización, mediante cualquier tipo de vehículo, del transporte, traslado o depósito de desechos tóxicos.
No contó con la misma suerte una propuesta del diputado Patricio Pinilla (DC), que buscaba integrar al listado los condenados por delitos económicos.
La discusión para integrar o no esta propuesta se extendió tanto que finalmente resultó votada en la siguiente sesión de la comisión que se desarrolló desde las 17:30 horas de esta jornada, instancia en la que acabó por ser rechazada por 4 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención.
