El gobierno de Nayarit, encabezado por Miguel Ángel Navarro Quintero, enfrenta una deuda laboral que supera los mil 373 millones de pesos. El pasivo, acumulado por incumplimientos al Convenio Colectivo de Trabajo, exhibe la falta de una respuesta efectiva para cubrir prestaciones e incrementos salariales reconocidos a los trabajadores, algunos de los cuales permanecen pendientes desde 2019.

De acuerdo con el desglose del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM), el monto reclamado alcanza mil 373 millones 56 mil 715 pesos. La cifra incluye 521 millones 213 mil pesos por aumentos salariales no cubiertos entre 2019 y 2026, además de 287 millones por el bono equivalente al Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido en los aguinaldos de 2019 a 2025.

Los datos muestran que no se trata de un retraso aislado, sino de una cadena de obligaciones laborales que se ha prolongado durante varios ejercicios fiscales sin una solución definitiva

Óscar Flavio Cedano Saucedo, dirigente del SUTSEM, dijo a Excélsior que el sindicato también reportó adeudos por 120 millones de pesos relacionados con paquetes navideños, 106 millones por vales de despensa y 104 millones por la falta de uniformes. A estas cantidades se suman 52 millones por prima vacacional, 60 millones para el fondo revolvente de préstamos quirografarios y más de 32 millones destinados a equipo de seguridad, higiene y trabajo de campo.

Además, un presunto faltante superior a dos mil 500 millones de pesos en el Fondo de Pensiones. Según su denuncia, los recursos fueron descontados de los salarios de los empleados, pero no habrían sido depositados en las cuentas correspondientes.

Otro de los reclamos se refiere al congelamiento de más de mil bases laborales. La organización advirtió que esta situación frena los ascensos escalafonarios y dificulta el acceso a jubilaciones y pensiones, lo que ha llevado a numerosos trabajadores a recurrir a juicios de amparo.

El SUTSEM también denunció que empleados contratados en los niveles salariales uno y dos realizan funciones correspondientes a categorías superiores, incluso de carácter profesional, sin recibir una remuneración acorde con sus responsabilidades.

Las deficiencias, aseguró, alcanzan al Cuerpo de Bomberos, donde el personal carece de uniformes adecuados, vehículos suficientes y equipo para atender emergencias. Los trabajadores de esta área tampoco recibirían el bono correspondiente al riesgo de sus actividades.

En materia salarial, Cedano Saucedo afirmó que la base trabajadora acumula más de 13 años sin una recuperación real de sus ingresos. Mientras el salario mínimo nacional aumentó 337.2 por ciento y la canasta básica registró un alza de 69 por ciento, los empleados sindicalizados habrían perdido más de 54 por ciento de su capacidad adquisitiva. En contraste, aseguró, las percepciones de funcionarios de primer nivel crecieron 167 por ciento.

A las demandas económicas se agregan señalamientos por hostigamiento laboral, cancelación de programas de capacitación y retrasos recurrentes en el pago de salarios y prestaciones durante diciembre.

Por último, el dirigente del SUTSEM, cuestionó el destino de los más de tres mil 200 millones de pesos que, según sus cifras, recauda anualmente el gobierno estatal, ante las carencias de los servicios públicos y los adeudos con los trabajadores.