La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazaron que la violencia y las amenazas contra madres buscadoras sean una constante en todo el país, luego del pronunciamiento emitido por expertos de las Naciones Unidas, quienes advirtieron sobre los riesgos que enfrentan las familias de personas desaparecidas.

En respuesta al señalamiento de la Oficina de la Relatora Especial de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos, emitido este miércoles, el Gobierno de México sostuvo que no existen datos que acrediten las afirmaciones de los expertos respecto a una violencia letal y sistemática contra las madres buscadoras.

A través de un comunicado conjunto, ambas dependencias señalaron que la información disponible “no acredita la existencia de un patrón estatal ni recurrente de desaparición forzada de personas buscadoras”.

El gobierno federal aseguró que cada caso de desaparición es atendido con la debida diligencia y destacó que autoridades de alto nivel han recorrido distintas regiones del país para dialogar con familias buscadoras y organizaciones que las acompañan, con el propósito de atender sus demandas.

La postura oficial también cuestionó el alcance del pronunciamiento de los expertos de la ONU, al señalar que sus opiniones fueron emitidas a título personal e independiente.

En relación con el comunicado emitido por cuatro expertos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Gobierno de México comparte información sobre los esfuerzos emprendidos para atender esta problemática”, señalaron Segob y SRE.

Las dependencias precisaron que dichos expertos ejercen su mandato de manera independiente y a título personal, por lo que sus opiniones “no reflejan la posición de la Organización de las Naciones Unidas”.

Reconocen retos en la búsqueda

Aunque rechazaron que exista un patrón generalizado de violencia contra las personas buscadoras, las secretarías reconocieron que México enfrenta importantes desafíos en materia de localización e identificación de personas desaparecidas, así como para garantizar a sus familias un verdadero acceso a la justicia.

Ante esta situación, aseguraron que en los últimos años se han implementado diversas acciones para combatir el delito de desaparición y fortalecer las labores de búsqueda.

Entre ellas, destacaron la cooperación internacional con agencias de Naciones Unidas, como ONU-DH y UNFPA, así como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mecanismos que, señalaron, forman parte central de los esfuerzos emprendidos.

El gobierno federal afirmó además que la búsqueda de personas desaparecidas es una obligación primaria e irrenunciable de las instituciones mexicanas y que el país cuenta con un marco legal para combatir este delito, así como para proteger a las víctimas y a las personas defensoras de derechos humanos.

En coordinación con la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, trabaja para que ninguna agresión quede impune y para ampliar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias”, señalaron las dependencias.

Acciones de búsqueda

Como parte de su respuesta, el Gobierno de México enlistó diez acciones que, aseguró, forman parte de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas:

  • La creación e implementación de la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
  • La obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte de desaparición.
  • La creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación.
  • La creación de la Plataforma Única de Identidad.
  • La obligación de que los estados cuenten con fiscalías y unidades especializadas en materia de desaparición.
  • El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
  • El fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda mediante la contratación de especialistas y la adquisición de equipamiento especializado.
  • La obligación de que los registros oficiales de personas desaparecidas cuenten con datos mínimos para su identificación.
  • La coordinación entre las comisiones de búsqueda, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República.
  • La incorporación de las comisiones nacional y estatales de víctimas, así como de otras instituciones, al Sistema Nacional de Búsqueda.

Finalmente, el gobierno de México aseguró que mantiene una postura abierta a la cooperación internacional y manifestó su disposición para compartir “información objetiva y verificable” que permita una valoración integral de los esfuerzos realizados por el país en materia de búsqueda de personas desaparecidas y protección de las víctimas.