Veinte minutos estuvieron reunidos los senadores Pedro Araya (PPD), Andrés Longton (RN), Arturo Squella (republicano), Karim Bianchi (Ind.) e Iván Flores (DC) con los ministros Claudio Alvarado (Interior y Segegob), José García Ruminot (Segpres), Fernando Rabat (Justicia) y Martín Arrau (Seguridad) en la sala 12 del Senado.

La cita, que se produjo en paralelo a la sesión de sala que se estaba desarrollando en la Cámara Alta, fue con el objetivo de que los senadores dieran a conocer el proyecto de reforma constitucional que, desde hace algunas semanas, venían trabajando Araya, Longton y Squella y a la que sumaron a Bianchi y Flores, ambos de la oposición.

De esta manera, el gobierno quedó notificado de manera formal del contenido de la iniciativa que surgió como “salvataje” al proyecto, sobre la misma materia, que había ingresado el Ejecutivo el 17 de agosto pasado.

Una vez concluida la reunión, el biministro Alvarado aseguró que esta nueva propuesta “cumple con los objetivos se ha establecido el gobierno”, y agregó que el ingreso de esta nueva reforma constitucional será este miércoles.

Junto con ello, el jefe de gabinete confirmó que retirará el proyecto original que el gobierno había presentado.

“Nosotros, dado ese trabajo y el respeto a los acuerdos, no vamos a perseverar con la reforma que habíamos ingresado en su minuto”, aseguró Alvarado.

A su turno, el ministro Arrau aseguró que el nuevo texto “aborda las principales materias que son de interés para el gobierno para avanzar combate de crimen organizado, una mayor segmentación penitenciaria y avanzar en un perfeccionamiento de los estados de excepción constitucional”.

El ministro García, por su parte, afirmó que “mañana (miércoles), los cinco senadores van a presentar el texto. Hasta aquí, lo que nosotros hemos conocido satisface al Ejecutivo. Si es así, si mañana llegamos a esa conclusión de manera definitiva, está la disposición de retirarlo”.

De igual manera, posterior al punto de prensa, los secretarios de Estado siguieron conversando bajo reserva con los senadores mocionantes. En ese diálogo, según quienes supieron, los representantes de La Moneda confirmaron a los parlamentarios que la decisión del retiro del mensaje presidencial ya está tomada.

Para la aprobación de la reforma, los senadores necesitan 29 votos en la sala. Considerando a los 26 representantes del oficialismo y sus aliados, más el propio Araya, requieren de, al menos, dos votos más. Así, con el apoyo de Bianchi y Flores cumplen con el quórum necesario para visar la iniciativa.

Las horas previas

Llevaban pocos minutos de sesión en la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta de esta martes en la mañana, cuando el senador Squella irrumpió en la sala 10 de esta corporación.

El objetivo del parlamentario era conversar con sus pares Longton y Araya -quienes estaban sentados en lugares contiguos- para afinar los últimos detalles de la reforma constitucional que presentarán.

Squella les entregó uno de los documentos sobre los cuales los senadores vienen trabajando hace varias semanas, y cuyo ingreso se concretará finalmente este miércoles.

La “neorreforma”

El proyecto que de los senadores consta de tres ejes: crimen organizado, segregación carcelaria y ajustes al estado de excepción de emergencia.

Si bien el último punto era uno de los más conflictivos de la propuesta inicial del Ejecutivo, ahora no se considera crear un nuevo estado de excepción, sino simplemente reforzar y regular lo que ya existe en la Constitución y que ya se aplica desde hace años en La Araucanía y el Biobío.

No se tocan los plazos de renovación cada 30 días. Tampoco se amplían medidas intrusivas como la interceptación de comunicaciones, ni restricciones de garantías individuales como detenciones o expropiaciones.

En materia de crimen organizado, la nueva reforma equipara ese delito al de terrorismo y lo declara contrario a las bases de la institucionalidad, a la convivencia democrática y a los derechos humanos.

La idea es que los condenados por crimen organizado reciban las mismas restricciones que tienen los sentenciados por conductas terroristas a la hora de poder solicitar un indulto y las mismas inhabilidades para postular a cargos de elección popular.

En materia de segregación carcelaria, el objetivo es elevar a rango constitucional las facultades de Gendarmería, contempladas en su reglamento interno, para separar a la población penal. Este ha sido un problema, pues los tribunales han revertido redistribuciones y relocalizaciones de reos de alta peligrosidad.