La Ley del Impuesto sobre la Renta y las disposiciones transitorias para 2027, quedó en firme, tras ser aprobada, en lo general y lo particular, este miércoles en el Pleno de la Cámara de Diputados, con 322 votos a favor y 115 en contra, entre señalamientos de corrupción y exigencias de hacer efectiva la lucha contra el huachicol fiscal y de las grandes empresas factureras.
La Ley limita las deducciones y el aprovechamiento de pérdidas fiscales, con el objetivo de frenar la evasión y elusión fiscal, para elevar la recaudación, y de esta manera, cerrar la pinza contra la red facturación simulada, o contra las grandes empresas que durante décadas se declaraban con ingresos o ganancias “cero”.
Las disposiciones, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2027, permitirán a la Secretaría de Hacienda recuperar ingresos fiscales diferidos, con la eliminación del régimen opcional para grupos de sociedades.
Se trata de un mecanismo de control de las deducciones autorizadas y las pérdidas fiscales para personas morales con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos que determinen utilidad fiscal.
Para que las empresas ya no borren sus utilidades en papel y reconozcan una utilidad mínima”, dijo Merary Villegas, integrante de Morena, desde la tribuna, donde defendió las bondades de la norma.
“Si el gobierno va a cobrar más, tiene que explicar por qué y cuál servicio va a mejorar a cambio”, advirtió por parte de Movimiento Ciudadano Patricia Flores, quien había adelantado que el voto de su bancada sería en contra de la reforma.
“Subir una cuota es fácil. Lo hacen desde un escritorio, de un plumazo, y lo aprueba aquí una mayoría que ni siquiera sabe a quién afecta y cómo perjudica”, dijo desde tribuna,.
Con la reforma avalada se amplían los límites de ingresos para tributar en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO): de 3.5 a cinco millones de pesos anuales para personas físicas, y de 35 a 50 millones para personas morales.
“Impuestos disfrazados”, acusa oposición
Sin embargo, para la oposición, la Ley del ISR aprobada por Morena y sus aliados (PVEM y PT) no cuenta con herramientas “reales” de fiscalización. Acción Nacional señaló que “trae impuestos disfrazados”.
Se reducen las deducciones y aumenta la carga fiscal. Las empresas podrían pagar más ISR por adelantado y se elimina la recuperación de pérdidas fiscales, además de qué se encarece el financiamiento empresarial y se restringe la reducción de gastos y pagos al extranjero”, alertó el legislador blanquiazul Roberto Sosa Pichardo. Además, de que, dijo, va en aumento la deuda histórica.
“En ocho años, Morena duplicará prácticamente esta deuda, para llevarla a los 22 billones de pesos”, dijo.
“Aunque el discurso oficial asegure que no aumentan los impuestos, la creación y el encarecimiento desmedido de derechos y trámites representan un golpe directo a la economía familiar” advirtió en el mismo sentido el tricolor, Arturo Yañez.
Ejemplificó el impacto de estas medidas en el sector salud y en trámites clave como licencias sanitarias para servicios de transfusión sanguínea, las cuales pasarán de mil 400 pesos a 17 mil 400 pesos (un aumento superior al mil por ciento).
La autorización de protocolos de investigación médica subirá de 8 mil 100 pesos a 43 mil 100 pesos (un incremento del 427 por ciento).
¿De verdad creen que encarecer la investigación médica no terminará reduciendo el acceso y elevando el costo de los tratamientos para los mexicanos? La salud no puede convertirse en otra caja registradora del gobierno", enfatizó Arturo Yáñez.
“La Constitución obliga a pagar; y que pague más, quien más tiene, y que se proteja a quien menos puede”, defendió Merary Villegas.
“Durante décadas, esa regla se cumplió al revés y con esta reforma (ISR) la estamos enderezando”, aseguró la morenista.
Tras dos jornadas de debates, -martes y miércoles- en votación particular la reforma fue aprobada. Además del PT y Verde, dos diputados de MC se alinearon al oficialismo; Miguel Ángel Sánchez y Eduardo Gaona, que votaron a favor.
La Ley del ISR fue turnada al Senado de la República para su análisis y aprobación e incluye estímulos vinculados con el Plan México y los polos de desarrollo, con vigencia prevista hasta 2030, para incentivar la inversión, la capacitación y la innovación, mientras que los pagos de personas físicas por pagos al extranjero solo podrán acreditarse en el ejercicio en que se les pague la contraprestación.
