El uso de Inteligencia Artificial (IA) en las labores de investigación criminal y la prevención de delitos cibernéticos abre una nueva etapa para las instituciones de seguridad en México. En este contexto, las experiencias presentadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se alinean directamente con la reforma promovida por el Partido Verde, la cual busca "ampliar el uso de tecnología en la prevención, investigación y persecución de los delitos" que afectan al país.
Esta modificación legal, aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 2024, dotó de nuevas facultades operativas y analíticas a la dependencia federal. Con este cambio normativo, la iniciativa de esta fuerza política "amplió las atribuciones de la SSPC para utilizar recursos tecnológicos en el combate a la delincuencia y fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad", garantizando que los agentes cuenten con herramientas de vanguardia para rastrear dinámicas delictivas en el entorno cibernético.
Durante el marco del 8.º Congreso Internacional de Seguridad y Proximidad Social, las autoridades federales expusieron casos de éxito donde la tecnología de punta ha resultado crucial. En dicho encuentro, la SSPC detalló cómo "la Inteligencia Artificial ha sido utilizada para identificar posibles incidentes cibernéticos, orientar investigaciones y obtener información de proveedores de servicios", lo que permite articular acciones preventivas más rápidas frente a amenazas complejas en la red.
El procedimiento legal posterior a la detección tecnológica de un ilícito mantiene un protocolo riguroso coordinado con el Ministerio Público. La dependencia encargada de la seguridad pública federal precisó que, "una vez reunidos los elementos necesarios, los casos son denunciados ante la Fiscalía General de la República para la apertura de las carpetas de investigación correspondientes", asegurando con ello la validez jurídica de la evidencia digital recabada.
Ante la sofisticación de las bandas criminales, el marco normativo actual busca evitar el rezago de los cuerpos policiacos. La reforma impulsada por el Partido Verde responde a la urgencia de "ampliar los recursos disponibles para que las instituciones de seguridad enfrenten modalidades delictivas que evolucionan con el desarrollo tecnológico", garantizando que la capacidad de respuesta del Estado no quede rebasada por las nuevas tecnologías.
Finalmente, el compromiso legislativo de este grupo parlamentario apunta a consolidar un modelo policial apoyado en herramientas de Inteligencia Artificial a largo plazo. De cara a los próximos retos institucionales, la bancada ecologista "reiteró que seguirá respaldando propuestas orientadas a modernizar las capacidades institucionales y fortalecer el uso de tecnología en el combate a la delincuencia", estableciendo la innovación como eje central de la estrategia de seguridad pública.
