Más de ocho años de cárcel arriesga el alcalde de Coronel, Boris Chamorro (PS), luego de que la Fiscalía del Biobío presentara acusación en su contra por 21 delitos reiterados de cohecho en el marco del denominado caso Puerto Coronel.
El Ministerio Público ingresó una acusación de 235 páginas contra siete personas, entre ellas el expresidente del directorio de la compañía, Eduardo Hartwig, para quien se solicitaron penas que, sumadas, superan los 38 años de prisión.
La investigación considera ocho hechos vinculados a corrupción, administración desleal y delitos tributarios, con montos investigados que superan los $2.500 millones.
En el caso de Chamorro, la Fiscalía sostiene que habría recibido $82 millones mediante pagos periódicos entre mayo de 2022 y noviembre de 2023. Según la acusación, parte de esos dineros habría sido respaldada mediante facturas por servicios inexistentes y posteriormente retirada por un intermediario para ser entregada en efectivo.
La fiscal Glenda Lagos explicó que “se trata de una acusación que consta de 235 páginas, en la que se ofrecen 171 testigos, 11 peritos y 569 medios de prueba consistentes en documentos y otras pruebas digitales, como teléfonos y computadores, cuyos contenidos fueron analizados”.
La persecutora agregó que “para el alcalde de Coronel y para el exconcejal en contra de quien se dedujo acusación, se solicitó la pena de inhabilitación para cargos públicos, que en total para cada uno de ellos suman más de 12 años de esta pena accesoria”.
La acusación también alcanza al exconcejal Eduardo Araya, a quien se atribuyen 29 delitos de cohecho por la presunta recepción de cerca de $70 millones.
Para Chamorro y Araya, el Ministerio Público solicita penas que suman ocho años y dos días de presidio, además de multas e inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.
Ahora, la causa avanzará hacia la audiencia de preparación de juicio oral, instancia en la que se definirá qué antecedentes podrán ser presentados posteriormente ante el tribunal.
Por ahora, los siete involucrados mantienen su calidad de acusados y será en el juicio donde se resolverán las eventuales responsabilidades penales.
