Una pareja perteneciente a la comunidad indígena triqui denunció públicamente la retención de su hija recién nacida por parte del personal del Hospital Pediátrico de Peralvillo y autoridades ministeriales de la Ciudad de México.
El incidente ocurrió luego de que los padres acudieron a centros de salud públicos para solicitar atención médica básica y trámites legales tras un nacimiento fortuito en su domicilio. La falta del certificado de alumbramiento derivó en sospechas legales, negativas de servicio y señalamientos de discriminación étnica por parte de los funcionarios involucrados.
¿Qué originó la retención de la recién nacida en el hospital?
De acuerdo con lo compartido por los padres en redes sociales, el caso inició cuando Laura Ramírez dio a luz a su hija en su domicilio el pasado 24 de septiembre por la noche. Cuatro días después del parto, la madre y su esposo, Gavino Santiago López, acudieron a un centro de salud para solicitar la prueba del tamiz neonatal y la aplicación de las vacunas correspondientes para la menor.
Durante la revisión, las autoridades médicas solicitaron la hoja o constancia de alumbramiento, documento con el que la familia no contaba por haberse tratado de un parto atendido en casa bajo sus usos y costumbres.
Ante la falta del comprobante médico, las instituciones de salud derivaron a los padres al Hospital Pediátrico de Peralvillo. En esta unidad médica, el personal del hospital retuvo a la recién nacida e inició un procedimiento ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por una presunta sospecha sobre la filiación de la menor. Los padres manifestaron que el personal administrativo y médico les negó la entrega de la infante mientras las instancias legales no emitieran una resolución definitiva.
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¿Cómo respondieron los padres y las organizaciones sociales ante las autoridades?
Gavino Santiago López y Laura Ramírez acudieron al Ministerio Público de la Fiscalía número 59 con el apoyo de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) y del Movimiento de Artesanos Indígenas Zapatistas (MAIZ).
No obstante, los afectados señalaron haber recibido malos tratos y respuestas evasivas por parte de los funcionarios de la fiscalía, quienes determinaron plazos de entre 10 y 15 días para la entrega de la carpeta de investigación.
Representantes de la comunidad triqui demandaron la devolución inmediata de la niña, a quien sus padres nombrarán Diana Laura, expresando su preocupación por los riesgos de salud que implica la estancia prolongada de una recién nacida en una zona hospitalaria.
Asimismo, denunciaron violencia obstétrica, de género y racismo institucional al haber puesto en duda la maternidad de Laura Ramírez. Tras la difusión del material en plataformas digitales y el respaldo ciudadano generado, la madre agradeció la cobertura de los medios de comunicación, señalando que la visibilidad de su testimonio es determinante para reencontrarse con la menor.
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