Entre señalamientos oficialistas de que los alcaldes hacen uso discrecional del cobro del predial y alertas de la oposición de que el gobierno federal busca incrementar y controlar su recaudación, se aprobó en la Cámara de Diputados el decreto de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral.

“Va haber aumento de impuesto predial, va a haber un saqueo a los municipios; la propiedad privada está en riesgo con el gobierno de Morena”, afirmó Cristina Márquez Alcalá (PAN).
“Esta iniciativa busca fortalecer la recaudación. Nadie se opone a que cada quien pague lo justo, pero un aumento sorpresivo, sin gradualidad y sin aviso y sin garantía de audiencia, golpearía a las familias que han cumplido siempre y que se enterarán del predialazo en su recibo”, alertó Angélica Granados Trespalacios.

Elena Segura Trejo (Morena) rechazó esa advertencia: “Dicen que va a haber predialazo. ¡Mentira! Nunca se establece en la iniciativa atraer la facultad del municipio para cobrar el predial”.

Miguel Alonso Reyes (PRI), exgobernador de Zacatecas, consideró que la futura ley sería inconstitucional. “Detrás de esto hay un objetivo meramente recaudatorio a nivel central, un control indiscriminado de los registros catastrales del país y un grave riesgo a la seguridad de los datos patrimoniales”, enumeró.

SEDATU, AGENCIA E INEGI

El dictamen quedó listo la madrugada del miércoles, con un agregado que incorpora al INEGI en las tareas de homologación que dependencias federales realizarán con autoridades locales.

La propuesta original indica que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones garantizarán el cumplimiento de la ley.

El objetivo del nuevo ordenamiento es fortalecer, modernizar, homologar y actualizar los catastros y registros públicos de la propiedad en todo el país.

La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum fue respaldada por 299 votos de las bancadas de Morena, PVEM y PT, mientras que los 92 integrantes de la oposición que se quedaron hasta el final de la prolongada sesión se manifestaron en contra.

Cerca del cierre de la discusión, la diputada Segura Trejo presentó la única reserva que se concretó para que se incorpore la opinión técnica del INEGI a los trabajos que realizarán las autoridades responsables de aplicar la futura legislación. “Su trabajo es fundamental porque nos permite conocer, con información objetiva, técnica, las condiciones en las que operan los catastros municipales y las capacidades que existen en cada territorio”, justificó la morenista.

La legisladora Segura destacó que el proyecto de egresos para 2027 incluye recursos que SEDATU ejercería en un fondo para la modernización de catastros y registros.

Respecto al rol que desempeñará la Agencia de Transformación Digital, el diputado Gibran Ramírez (MC) cuestionó: “Esta ley le entrega a la Agencia funciones para diseñar modelos de homologación, desarrollar y administrar plataformas, establecer mecanismos de interoperabilidad, habilitar accesos, así como supervisar la implementación. En los hechos y con estos verbos, se permite que la federación intervenga en atribuciones que constitucionalmente no le corresponden”.

CONTRA LA CORRUPCIÓN INMOBILIARIA

El proyecto de decreto se encuentra ahora en el Senado para que ahí se continúe con el proceso legislativo.

En el caso de San Lázaro, la propuesta avanzó primero en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside Ricardo Mejía Berdeja (PT), quien consideró que la nueva ley permitirá afrontar la corrupción inmobiliaria.

Al defender el dictamen en la tribuna del pleno, el parlamentario petista destacó que habrá una clave única catastral que permitirá identificar cada inmueble. “Esto será una especie de CURP para cada inmueble, para que no haya que aparece un mismo inmueble con dos propiedades. Combatir la corrupción exige cerrar los espacios donde la información tiene la posibilidad de ocultarse o manipularse”, afirmó.

Aunque los representantes de Morena negaron que la ley se traduzca en mayores cobros de predial, varios del PT consideraron que esta permitirá que estos ya no se evadan y que lo recaudado se ejerza con transparencia.

“Esta iniciativa ayudará muchísimo para que los presidentes municipales que hoy son una bola de corruptos y que cobran el predial y no lo reportan, hoy también lo reporten”, expuso la diputada petista Margarita García.

Enrique Martínez Ventura (PT) lamentó que “los municipios están recaudando solamente 60 mil millones de pesos de 900 mil que debieran recaudar” porque, dijo, no quieren confrontarse con la ciudadanía.

Confió el diputado petista en que con la ley también se podrá enfrentar el despojo que, remarcó, se presenta con altos índices en el Valle de Chalco, por la falta de coordinación institucional y de compromiso por parte de los funcionarios públicos.

“En México existen 9 mil 180 asentamientos irregulares, 700 mil predios sin clave catastral; 22.6 millones de personas viven sin certeza jurídica en las viviendas que habitan y 5.4 millones de esas viviendas las ocupan estas personas”, ejemplificó Martínez Ventura.
“No se están creando nuevos impuestos. Lo que se busca es fortalecer las capacidades municipales mediante padrones actualizados, incorporar los predios que correspondan y facilitar incluso el pago digital del predial”, afirmó el diputado Ángel Flores Robles (PT).