La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos concluyó que algunos de los principales bancos del país adoptaron políticas que influyeron en decisiones para rechazar o limitar servicios a clientes por motivos relacionados con actividades políticas, creencias religiosas o sectores económicos específicos.

El hallazgo forma parte de un informe divulgado por la agencia federal tras revisar aproximadamente 100 mil quejas y cientos de decisiones bancarias registradas entre 2020 y septiembre de 2025.

La revisión fue realizada en cumplimiento de una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump en 2025, la cual instruyó a los reguladores financieros a investigar denuncias sobre posibles casos de exclusión bancaria por razones ideológicas.

Según el informe, algunos conservadores habían denunciado que determinadas instituciones financieras restringían servicios debido a sus posiciones políticas, mientras que empresarios vinculados al sector de las criptomonedas también reportaron cierres de cuentas y restricciones financieras.

La OCC determinó que los nueve bancos nacionales más grandes bajo su supervisión mantenían políticas o criterios que podían influir en sus decisiones respecto a determinados clientes por actividades políticas, religiosas o comerciales.

El organismo también encontró que algunos bancos restringieron servicios a empresas involucradas en sectores como el de exploración de petroleo y gas, minería de carbón y fabricación de armas de fuego.

Asimismo, el informe señala que algunos clientes fueron rechazados o enfrentaron restricciones debido a consideraciones reputacionales vinculadas con sus actividades.

Aunque las denuncias surgieron principalmente desde sectores conservadores, la OCC indicó que también identificó situaciones en las que organizaciones vinculadas al Partido Demócrata fueron objeto de decisiones similares por parte de instituciones financieras.

La dependencia aclaró que no todos los cierres de cuentas constituyen una práctica indebida, ya que los bancos también pueden actuar por razones legales o regulatorias, por ejemplo cuando detectan potencial fraude, actividades sospechosas o incumplimientos financieros.

Entre los ejemplos citados figura el procesador de pagos WePay, adquirido por JPMorgan Chase en 2017.

Según la OCC, la compañía cerró cuentas de varios comerciantes que comercializaban productos relacionados con el movimiento MAGA o con Donald Trump.

Un portavoz de JPMorgan señaló que las políticas del banco prohíben la discriminación por motivos políticos o religiosos y afirmó que los procedimientos aplicados en WePay no cumplían con los estándares esperados.

La institución sostuvo que identificó el problema, realizó correcciones y destacó que WePay ya no opera de manera independiente.

Sector bancario responde a los hallazgos

Entidades mencionadas en el informe, entre ellas Citibank y Wells Fargo, evitaron comentar directamente las conclusiones y remitieron a una postura emitida por el Bank Policy Institute.

La organización señaló que el sector bancario respalda el acceso equitativo a los servicios financieros y aseguró que trabaja para garantizar que las regulaciones permitan atender a clientes que operan dentro del marco legal.

También respaldó iniciativas orientadas a establecer criterios regulatorios más claros para equilibrar acceso financiero y gestión de riesgos.

El contralor de la moneda, Jonathan V. Gould, afirmó que el acceso a los servicios bancarios debe garantizarse independientemente de las creencias, afiliaciones o posiciones políticas de las personas.

Los estadounidenses deben tener acceso a los servicios financieros independientemente de sus creencias, afiliaciones o posturas políticas. El acceso equitativo a los servicios financieros no es un lema, es un mandato", señaló.