Desde el atril de Palacio Nacional se despliegan con frecuencia las cifras de la política social.

El gobierno presume, en un tono que busca proyectar justicia histórica, que más de cuatro de cada 10 hogares en el país reciben hoy al menos un Programa para el Bienestar y que la inversión pública por este rubro roza el billón de pesos.

Sin embargo, detrás de las matutinas celebraciones oficiales y del triunfalismo presupuestal, la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi acaba de exponer una realidad bastante más amarga: la expansión masiva del subsidio público no es el síntoma de un país floreciente; es, por el contrario, el diagnóstico de una economía averiada que ha perdido la capacidad de sostener a sus ciudadanos por la vía del trabajo.

Las cifras del Inegi dibujan un incremento drástico. En apenas un lustro, la proporción de hogares que depende de transferencias gubernamentales para completar el mes saltó de 25 a 41.4 por ciento. En estados golpeados por el rezago como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, la cifra supera holgadamente a la mitad de las familias.

Que el dinero público sea ya la principal fuente de ingreso no laboral en el país revela que la supervivencia cotidiana se ha volcado hacia la dependencia del Estado. En una economía genuinamente funcional, el bienestar de la gente es la capacidad de generar ingresos propios; no una transferencia gubernamental. La necesidad generalizada de ayuda es la admisión tácita de un fallo estructural previo; no un logro a presumir.

Lo que ha fallado en México durante los últimos años es la creación de empleo. El mejor programa social que puede ofrecer un gobierno es un empleo sostenible, formal y bien remunerado; no una transferencia mensual o bimestral. Un trabajo con un salario digno no sólo devuelve autonomía al trabajador, sino que le otorga la libertad de no depender del humor del gobernante en turno, de los ciclos electorales o de la disponibilidad de los recursos fiscales.

Lamentablemente, la realidad laboral mexicana va en la dirección opuesta. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi muestra de manera persistente que la amplia mayoría del trabajo que se genera en el país responde a la informalidad. Hablamos de 33 millones de personas atrapadas en ocupaciones desprovistas de los derechos laborales más elementales, sin acceso a la seguridad social, sin vacaciones pagadas, sin ahorro para el retiro y sin la estabilidad mínima para planear a futuro. Se alaba el subsidio mientras se abandona al trabajador en la desprotección total.

Esta arquitectura asistencialista enfrenta, además, un choque frontal con la demografía y la realidad fiscal. La misma Encuesta Intercensal reveló que la edad mediana de los mexicanos subió de 29 a 32 años en sólo cinco años, al tiempo que la tasa de fecundidad cayó a 1.9 hijos por mujer. El bono demográfico se desvanece y la población envejece con rapidez, lo que demandará un volumen de recursos exponencialmente mayor para financiar pensiones y atención médica. ¿De dónde saldrá ese dinero? Pagarlos será cada vez más difícil.

Los ingresos fiscales del Estado dependen del crecimiento económico, y México ha registrado ritmos de expansión mediocres que amenazan la sostenibilidad de las finanzas públicas. Pretender financiar una red de transferencias cada vez más costosa sobre una base tributaria débil y un aparato productivo estancado es una fórmula insostenible a mediano plazo.

El gobierno federal debiera dejar de ostentar cuántos millones de mexicanos han quedado atrapados en la red asistencial. El verdadero éxito social de una administración no se mide por la cantidad de personas a las que extiende un apoyo —que luego cobra electoralmente, aunque diga lo contrario—, sino por la cifra de ciudadanos que ya no lo necesitan, porque encontraron una oportunidad formal en la economía real.

Llegó la hora de mover el foco de la propaganda gubernamental y concentrar los esfuerzos en fomentar el crecimiento económico, la inversión productiva y la expansión del empleo formal. Todo lo demás es administrar la precariedad.