La democracia es un régimen político y una práctica social. Cuando la ciudadanía siente que sus instituciones no la escuchan, que votar no cambia su vida o que las decisiones ignoran sus intereses, crece una distancia que deteriora su legitimidad y calidad.
Cómo revertir esta tendencia sigue sin respuesta clara. El informe Estado Global de la Democracia 2026 de IDEA Internacional retrata democracias estancadas o en retroceso: casi 80% de los casos no mostró cambios significativos y, cuando los hubo, los países que retrocedieron (57%) superaron a los que avanzaron (32%).
Los retrocesos se concentran en Derechos, Representación y Estado de Derecho, afectando libertades, justicia, elecciones, parlamentos e independencia judicial. Esto ocurre mientras aumentan los conflictos. En 2025 hubo 65 con participación estatal, ocho entre estados, la cifra más alta desde 1946.
No cabe afirmar que el deterioro democrático produzca por sí solo violencia, muchos conflictos tienen raíces históricas u otros factores. Pero las instituciones capaces de canalizar desacuerdos, limitar la arbitrariedad y garantizar derechos ayudan a procesarlos. Robustecerlas y no debilitarlas, es urgente.
América Latina comparte esa trayectoria. Muchas dimensiones democráticas alcanzaron un techo de desempeño medio y, desde mediados de la década pasada, retroceden, sobre todo en Derechos y Estado de Derecho. Además, la inseguridad y la violencia presionan para adoptar respuestas que pueden restringirlas aún más.
Chile ofrece un contrapunto. En 2025 ocupó el sexto lugar mundial en Representación, el vigésimo primero en Estado de Derecho, el trigésimo tercero en Derechos y el cuadragésimo cuarto en Participación. Los datos describen un régimen sólido y con capacidad de recuperación, aunque desigual.
Tras la crisis de 2019 mejoraron las libertades civiles y el acceso a la justicia, pero la libertad de asociación y reunión sigue bajo sus máximos históricos. La participación alcanzó niveles excepcionales durante el ciclo constituyente y luego retrocedió; en cambio, la participación electoral llegó en 2025 a su máximo tras el retorno del voto obligatorio.
La alta concurrencia a las urnas no implica necesariamente mayor compromiso cívico o incidencia entre elecciones. Chile muestra que una democracia puede ser institucionalmente fuerte y no transformar la movilización en capacidades participativas permanentes. La solidez procedimental no crea por sí sola vínculos arraigados.
El desafío es fortalecer mecanismos representativos que recojan y procesen las demandas sociales. Instituciones que escuchan pueden marcar la diferencia entre una democracia ajustada a altos estándares y otra que la ciudadanía sienta como propia, con las personas en el centro.
Para Chile, el reto no es solo evitar retrocesos, sino convertir sus fortalezas en desarrollo institucional y la participación episódica en lazos democráticos sostenidos. La democracia se deteriora cuando retrocede, pero también pierde vitalidad cuando deja de avanzar.
Por Alejandra Sepúlveda P., Gta. Proyecto Integridad Electoral y Género (RLAC), IDEA Internacional
