La interpelación de la que fue objeto el canciller en la Cámara de Diputados marcó un doble hito: es la primera de estas acciones que ocurre bajo el gobierno del Presidente Kast, y es también la primera vez que un ministro de Relaciones Exteriores es interpelado desde que esta facultad fiscalizadora se introdujo en la Constitución (2005), por lo que había expectación de lo que podría ocurrir. Esto porque el diputado interpelador (PS) interrogaría sobre una serie de temas sensibles para la política exterior, como el manejo de las recientes tensiones fronterizas con Argentina -particularmente en lo que dice relación con dichos desafortunados de autoridades trasandinas sobre el Estrecho de Magallanes y la respuesta que dio el gobierno chileno, que en la oposición consideraron “débil”-, o la relación con Estados Unidos, donde entre los temas figuraban la negociación arancelaria con el país del norte, el alcance de la doctrina “Donroe” y recientemente lo relativo a la adhesión de Chile al “Escudo de las Américas”.
El resultado final de esta interpelación dejó muy poco en limpio para la ciudadanía, pues la dinámica bajo la cual se llevaron a cabo las preguntas apuntaba más que nada a generar un impacto de tipo político, sin importar demasiado las respuestas del canciller, al punto que el diputado interpelador terminó su intervención exhortando al secretario de Estado a que este renunciara, lo que fue hábilmente respondido y terminó siendo probablemente uno de los puntos más llamativos de la jornada. Así, fue otra oportunidad perdida, como ha ocurrido tantas veces con las más de 30 interpelaciones que han tenido lugar en los más de veinte años que lleva aplicándose esta facultad. Su sentido es importante, porque supone un camino intermedio respecto de la facultad más gravosa que posee la Cámara, que es una acusación constitucional, permitiendo interrogar a un secretario de Estado sobre materias que se consideran relevantes. Pero en la medida que se insista en utilizarla con un cierto sentido de espectáculo, termina convertida en un duelo inconducente.
Pero al margen de las consideraciones anteriores, lo que resultó de particular preocupación es que un grupo de parlamentarios opositores hayan decidido dar el paso de interpelar al canciller, a sabiendas de lo complejo que ello podría resultar para los intereses del país, pues varias de las materias que formaban parte del temario se referían a negociaciones que están en curso -como ocurre en el caso de los aranceles con Estados Unidos- o en aspectos que tocan la defensa de la soberanía, donde lo que cabría esperar es que no se busque forzar el tropiezo del canciller producto de una mala frase o sugerir que hay fracturas en cómo enfocar la defensa de la soberanía.
Si bien el diputado interpelador aclaró que solo preguntaría por aquellos aspectos que han sido comentados públicamente, se corrió un riesgo innecesario que no tuvo implicancias gracias a que el canciller se manejó prudentemente en sus respuestas. Es legítimo que el Congreso quiera interiorizarse sobre materias relevantes para el país, pero tratándose de aspectos sensibles hay mecanismos para hacerlo de manera reservada, que en ese caso no se utilizaron.
