Al comparecer ante diputados, la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Carmen Bonilla Rodríguez, afirmó que el plan de inversión pública y la denominada inversión mixta, que suma recursos privados, ocupa un lugar central en el paquete económico para 2027.
Y detalló que entre 2026 y 2030 se contempla que a través de ambas vías se canalicen 5. 7 billones de pesos al plan de infraestructura, determinante, definió, para ampliar la capacidad productiva del país.
Ante legisladores de todas las fracciones parlamentarias, reunidos en el Salón de Protocolo de San Lázaro, la subsecretaria Bonilla Rodríguez dijo que el paquete económico propuesto por el gobierno para 2027 buscar consolidar una nueva etapa de crecimiento con bienes y que ésta se sustentaría en tres prioridades: preservar los avances sociales, acelerar la inversión pública y mixta y continuar fortaleciendo las finanzas públicas.
En cuanto a la primera prioridad, expuso que se busca garantizar que el crecimiento y la estabilidad fiscal se traduzcan en bienestar para la población, por lo que el gasto en salud y educación aumentarán 11% y 8% en términos reales, respectivamente.
Al dar detalles de las implicaciones de la segunda prioridad, la subsecretaria se refirió a las inversiones públicas y las llamadas mixtas y a la relevancia de que mejorando la infraestructura se reduzcan los costos de producción y logística.
Una mayor disponibilidad de energía, de agua y de transporte, mejor conectividad permite que las empresas puedan expandir sus operaciones y que nuevos proyectos de inversión privada encuentren condiciones para desarrollarse”, planteó.
Se refirió a los lineamentos que este miércoles se publicaron en el Diario Oficial de la Federación respecto a las inversiones mixtas, derivadas de la Ley para el Fomento de Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar.
Los esquemas de inversión mixta previstos en esta ley permiten complementar los recursos públicos y ampliar el alcance de esta agenda”, aclaró.
Informó la subsecretaria Bonilla Rodríguez que los procesos de licitación se encuentran en marcha y que los proyectos se ejecutarán “con fuentes de financiamiento claras y una adecuada evaluación de riesgos”
Enfatizó que hay transparencia y seguimiento de esos proyectos, al tiempo que se identifican “los compromisos fiscales que generan para impulsar la infraestructura y preservar la solidez de las finanzas públicas en el largo plazo”.
Se refirió además a la relevancia que tiene la digitalización de la economía en la estrategia que busca acelerar la inversión.
En cuanto a la prioridad de preservar la solidez fiscal, expuso que se busca fortalecer los ingresos, mejorar la calidad del gasto y reducir gradualmente las necesidades de financiamiento, preservando al mismo tiempo la capacidad de inversión del gobierno de México.
Para 2027 proponemos reducir los requerimientos financieros del sector público de 4.1 a 3.9% del PIB, lo que implica una reducción de 1.9 puntos porcentuales respecto de 2024”, puntualizó.
Sostuvo que “la meta es continuar reduciendo las necesidades de financiamiento, sin generar un ajuste abrupto que comprometa la recuperación económica o la inversión”.
La funcionaria inició su exposición destacando que “entre enero y agosto, las exportaciones totales aumentaron 29% anual, destacando el equipo del cómputo y electrónicos, en línea con la mayor demanda de Estados Unidos vinculada a la inteligencia artificial”.
Al respecto, señaló que la integración comercial de México en la región ofrece oportunidades para fortalecer los encadenamientos productivos.
La inversión extranjera directa alcanzó 35 mil millones de dólares en el primer semestre, un máximo histórico para un periodo similar. Reflejo de la confianza de los inversionistas en México”, ponderó
Dijo que, desde el segundo semestre de 2026, la economía mexicana muestra señales de mayor dinamismo y mantiene fortalezas importantes; comentó que varios indicadores a favor han llevado a los analistas a revisar sus pronósticos ligeramente al alza, en línea con el 1.5% estimado de la Secretaría de Hacienda para 2026 y 2% para el siguiente año.
El gobierno de México ha fortalecido su estrategia de gestión financiera de riesgos de desastres, que este año ofrece una protección de hasta 49 000 millones de pesos mediante seguros y bonos catastróficos”, anunció Bonilla Rodríguez.
