La diputada comunista Irací Hassler, representada por el abogado Leonardo Cofré, ingresó recientemente una demanda de nulidad de derecho público -ante el 7° Juzgado Civil de Santiago- en contra del Fisco y de la Contraloría para eliminar los reproches que se le hicieron producto del sumario que llevó la entidad encabezada por la contralora Dorothy Pérez respecto de la fallida compra venta de la exclínica Sierra Bella.
Como se lee en la acción de 33 páginas, a la que La Tercera tuvo acceso, la congresista apuesta por anular la resolución exenta mediante la que el órgano de control estableció su responsabilidad administrativa en la citada operación, y que data del 14 de mayo pasado. Todo, pese a que no se le impusieron medidas disciplinarias.
Lo anterior, según se detalla, porque contiene fundamentos, conclusiones y decisiones que, a su juicio, “son contrarios al ordenamiento jurídico y adolecen de graves vicios de ilegalidad que justifican declarar su nulidad”.
Mediante el cuestionado sumario, se estableció que “con su actuar, la señora Hassler infringió el principio de probidad administrativa, al suscribir el decreto alcaldicio N°810, de 20 de enero de 2023, autorizando la adquisición por parte de dicho municipio de los inmuebles ubicados en esta ciudad, calle Sierra Bella N°1.181, y Ventura Lavalle N°431, por un monto de $8.248.886.210, en circunstancias que la vendedora los había adquirido con una antelación de seis meses aproximadamente en tan solo $2.231.855.090, sin haber adoptado acciones o medidas suficientes conducentes a justificar dicha diferencia excesiva, y sin que dicho acto administrativo hubiese sido sometido al previo y obligatorio control de legalidad y visado por parte de la Dirección de Control del ente municipal".
Previamente, se le habían formulado tres cargos: haber infringido el principio de probidad administrativa, al no velar por el eficiente, idóneo y adecuado uso de tales recursos municipales; haber suscrito el decreto que autorizó la adquisición sin contar con el previo y obligatorio control de legalidad y visado por parte de la Dirección de Control del ente municipal; y haber otorgado mandato especial amplio al abogado Pablo Casanueva para concretar la adquisición, pese a ser un profesional externo.
Sin embargo, Hassler advirtió que esa resolución de Contraloría no sólo contendría una serie de vicios jurídicos, sino que además evidenciaría que la entidad excedió sus atribuciones, por cuanto estableció responsabilidades respecto de hechos que fueron conocidos en sede penal.
En el mismo sentido, advierte que la diferencia de precio que se evidenció entre lo que pagaría el municipio y lo que pagó inicialmente el ahora oferente, no puede ser considerado por sí mismo una infracción.
La diputado expone que antes de que se aprobara la adquisición, se solicitaron tres tasaciones comerciales que se encargaron a profesionales independientes, además de los antecedentes relativos al avalúo fiscal y al estudio de títulos. Por ello, recalcó la hoy parlamentaria, Contraloría habría convertido una diferencia de valores en una responsabilidad personal sin acreditar que ella hubiera incumplido un deber jurídico específico.
Junto con ello, la militante comunista manifestó que no se ha demostrado un perjuicio patrimonial efectivo para el municipio derivado de la fallida compraventa, dado que la operación finalmente no se concretó y, según el escrito, los recursos municipales no fueron transferidos. Para la exalcaldesa, por tanto, no basta con considerar que el precio era elevado: debía acreditarse una conducta específica contraria a una obligación legal y un daño efectivo.
En medio de la serie de argumentos que plasmó en el escrito, también se hizo hincapié en que Hassler sí adoptó medidas para detener la operación una vez que Contraloría ordenó abstenerse de realizar actuaciones destinadas a materializarla.
Por eso en la demanda se enumeran comunicaciones internas, instrucciones a funcionarios, gestiones ante el Conservador de Bienes Raíces de Santiago y la notaría, acciones judiciales e instrucción expresa para revocar los poderes otorgados a abogados externos.
Adicionalmente, se recalcó que los cargos dos y tres no tendrían sentido en atención a que no hay norma expresa que exija, por una parte, seguir un determinado proceso para ejecutar una compraventa, o una que establezca la imposibilidad de contar con un abogado externo para ese proceso.
En medio de la acción Hassler manifestó que no mantiene pretensión indemnizatoria alguna y por eso no se exige el pago de dinero.
