Juan Eduardo Vargas fue subsecretario de Educación Superior en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Hoy es el rector de la Universidad Finis Terrae y también director de la Corporación de Universidades Privadas (CUP), donde por estos días, así como lo están las instituciones pertenencientes al Consejo de Rectoras y Rectores (Cruch), también exhiben su preocupación por la Ley de Presupuesto 2027 que se presentará este miércoles en sociedad.

Desde el sector privado no tradicional, eso sí, las alertas apuntan no a la reducción de la billetera como lo han verbalizado sus pares del Cruch, sino a una mejor distribución de los recursos que sea que se terminen destinando a la educación superior.

Se ha anunciado un presupuesto modesto. ¿Qué espera de la propuesta?

Pareciera ser a todas luces claro que va a venir con alguna disminución o, en el mejor de los casos, con partidas que se van a mantener, lo que nos parece razonable. Entendemos que haya que apretarse el cinturón y que eventualmente educación superior pueda mostrar incluso un presupuesto menor. Lo que planteamos es que con mayor razón debería revisarse la manera en la que se distribuye ese presupuesto. Nos parece justo que, aun cuando sea algo menor, pueda ser distribuido equitativamente, reconociendo el aporte que representamos las universidades privadas.

¿De qué manera podría redistribuirse para cumplir con esto que plantea?

Si se ve la evolución de los aportes hacia las universidades privadas, que son muy pequeños en comparación con los aportes basales a las universidades tradicionales, uno puede caer en cuenta de que en el gobierno anterior hubo un trato peyorativo o discriminatorio hacia las privadas. Pareciera ser que lo que primaba era una visión ideológica, según la cual las privadas no constituían un verdadero aporte al sistema. Y ahí hay fondos que disminuyeron: justo antes de irse la administración anterior hizo una disminución de $ 2.500 millones en el Fondo de Desarrollo Institucional en la línea que iba dirigida a las instituciones privadas. No estemos pidiendo una redistribución de los fondos basales, del aporte fiscal directo, del basal por desempeño o del aporte institucional a las universidades del Estado. Estamos pidiendo que aquellas partidas que históricamente supusieron un aporte marginal, pero aporte a las universidades privadas, se mantengan.

Cuando habla de que el gobierno anterior privileagiaba a universidades tradicionales, ¿a cuáles se refiere?

Las universidades estatales más las del G9 (Católicas y de Concepción, entre otras), que son las que tienen estos aportes directos.

¿No le parece que una administración sí pueda apuntar sus recursos, que son limitados, a ciertas instituciones?

Yo entiendo que el Estado tenga un trato privilegiado hacia las universidades del Estado. Lo que parece discutible, al menos, es que universidades privadas, como son las del G9, tengan un trato distinto de otras universidades privadas. ¿Cuál es la diferencia en términos de misión, de propósito, de aporte a la sociedad entre una Universidad de Concepción, la Católica, la Santa María, y una universidad privada como la Alberto Hurtado, la Diego Portales, o la nuestra, la Finis Terrae? En estricto rigor no hay, incluso desde el punto de vista del aporte de hacer realidad la movilidad social. Cabe cuestionarse si es que esa diferencia tiene un sentido.

La complejidad académica de las universidades no se puede quitar de la ecuación tampoco.

Y eso se entiende. Están los aportes basales, que ya hay una diferencia enorme, suman poco más de $ 500.000 millones al año para las tradicionales y los que están dirigidos a las privadas totalizan $ 14.000 millones, es 45 veces más. Ojalá esta diferencia de trato no fuera tan ostensible.

Usted fue subsecretario de Educación Superior y comprende que los recursos son finitos.

Entiendo la complejidad táctica. Pero conviene decir que aquellos instrumentos que fueron pensados para apoyar aunque sea de una manera marginal a las universidades privadas, no se lleven a su mínima expresión como ocurrió en el gobierno anterior y que al menos sean revisados en este presupuesto.

¿Le ha planteado esta inquietud al gobierno?

Hemos conversado con la subsecretaria Valdés, el viernes pasado fue a la sesión del directorio de la CUP y se le transmitió esta preocupación. Y ahí quiero hacer un matiz de diferencia con las universidades del Cruch: nosotros entendemos que el presupuesto pueda venir a la baja, nuestro punto dice relación con la manera en la que se distribuye ese presupuesto, al menos en estas partidas que han servido para apoyar a las instituciones privadas.

¿Vio buena acogida?

Sí. Y creo que por parte del Mineduc hay un reconocimiento al aporte que realizamos las universidades privadas al sistema.

En cada ciclo presupuestario surgen este tipo de discusiones y pareciera que las universidades nunca se ponen de acuerdo ni quedan conformes.

Es imposible que todos queden medianamente conformes. Pero más que esperar que todos queden contentos, porque hay un grupo que nunca va a quedar del todo satisfechas, que son las universidades tradicionales, hay un punto en el que como subsecretaría o como ministerio debes preguntarte si es que los recursos están cumpliendo con la labor de aportar de manera más completa al desarrollo del sistema de educación superior. Hay que ver, entre comillas, dónde es más rentable socialmente, pero no hacerlo sobre la base de lo que los rectores consideren es lo óptimo, porque si no, claramente ahí los que más levantan la voz probablemente más tendrían. Ahora, también podemos decir que hay falta de eficiencia en ciertas universidades tradicionales, particularmente las estatales, y que hace que sus presupuestos sean insuficientes. No digo que sea la única razón.

Pero también se someten a reglas distintas que las universidades privadas.

Uno espera que, teniendo en consideración esas diferencias, de todos modos las estatales podrían hacer muchos mayores esfuerzos en términos de su eficiencia.

El Mineduc ha dejado claro que la prioridad del presupuesto va a estar en la educación inicial y escolar, y no en superior. ¿Es adecuado?

Absolutamente. El Estado en general debiese priorizar el uso de sus recursos en aquellas iniciativas que tengan un mayor impacto o beneficio social. Hay muchos estudios que demuestran que un peso invertido en educación escolar o parvularia tiene un retorno social mayor que ese mismo peso invertido en educación superior.

En educación superior pareciera que buena parte del ahorro irá por una depuración en los beneficiarios de gratuidad, un mejor cobro del CAE, algunas becas que podrían fusionarse.

Es muy razonable buscar optimización de recursos en esas partidas. En gratuidad, haciendo un trabajo de mayor focalización, que se logre ahorrar ahí es muy razonable. Lo mismo respecto del CAE.

¿Hay riesgos reales para las universidades privadas si es que estos recursos no se redistribuyen como pretenden?

No quiero ser alarmista respecto de que esto pueda atentar contra la sostenibilidad, pero al sistema se le da una señal cuando el Mineduc y esta administración en particular no corrige el trato peyorativo a las universidades privadas que hizo la administración anterior. Si este gobierno declara dentro de sus principios el reconocer el aporte de los privados en todo orden de cosas, pero particularmente en la educación, pareciera ser sensato que eso se vea reflejado en el presupuesto. Y en términos concretos, las instituciones privadas se adaptan a los presupuestos, pero no hay que ser ingenuos: por muy eficiente que uno sea los aportes de menos terminan teniendo un efecto en la calidad educativa.