El caso Vitol retrata con desgarradora nitidez el mal que padece la justicia en México: la incapacidad congénita para investigar y encarcelar a sus propios corruptos. Tuvo que venir, una vez más, la justicia de Estados Unidos a hacer la tarea que aquí nadie pudo o quiso hacer.

Mientras un tribunal federal en Brooklyn sentenció a cuatro años de prisión al exoperador mexicano Javier Aguilar, obligado además a entregar más de siete millones de dólares tras desenredar una trama de sobornos internacionales, en nuestro país el expediente sigue siendo un monumento a la impunidad.

Aunque el esquema involucró a una filial radicada en Texas y se tejió desde Houston, los efectos de esta red de corrupción golpearon directo a la petrolera estatal mexicana y al patrimonio del país, sin que las autoridades locales hayan mostrado el menor interés por castigar a los culpables.

De acuerdo con la investigación, la historia de este atraco comenzó a gestarse entre 2015 y 2020. Aguilar, desde la oficina de Vitol en Texas, tejió una red ilícita para garantizar que la empresa de origen suizo obtuviera contratos multimillonarios de suministro de hidrocarburos. El núcleo del negocio sucio consistía en lograr que Pemex aceptara comprar gas etano a un precio notablemente superior al valor de mercado, con el propósito de destinarlo a abastecer el gigantesco y cuestionado proyecto petroquímico Etileno XXI.

Para amarrar semejante sobreprecio y asegurar las adjudicaciones, Aguilar canalizó unos 600 mil dólares en sobornos a dos funcionarios de Pemex Procurement International, la filial encargada de las compras en el extranjero. Los pagos se camuflaron tras una red opaca de contratos falsos, facturas ficticias y empresas fachada afincadas en paraísos fiscales como Curazao, Panamá y las Islas Caimán. Se usaron correos electrónicos bajo alias y llamadas en las los implicados coordinaban la coartada.

El Departamento de Justicia estadunidense no dejó cabos sueltos. Se sentó a los imputados en el banquillo. La empresa matriz con sede en Ginebra pagó una multa astronómica de 135 millones de dólares tras confesar su culpabilidad, y Aguilar escuchó finalmente el martillazo de su condena. Pero de este lado de la frontera, el panorama es radicalmente distinto y desolador.

En sus informes anuales entregados a la SEC de Estados Unidos, Pemex abordó el caso como la parte perjudicada por el esquema corrupto. La petrolera estatal notificó al regulador estadunidense la suspensión inmediata de todas sus operaciones comerciales con Vitol tras las revelaciones de la justicia estadunidense. Sin embargo, jamás se supo que los dos funcionarios de la petrolera implicados en el caso hayan sido procesados penalmente. Ni una sola orden de aprehensión, ni un solo día en la cárcel para quienes abrieron la puerta al chanchullo.

Por eso, no es de extrañar que desde Palacio Nacional se haya dicho ayer que “no se ha encontrado ninguna persona dentro de Pemex que esté involucrada en el robo de combustible”, a pesar de que oficialmente se ha detenido a 2 mil 654 personas por ese delito en lo que va del sexenio, y que los discursos oficiales contra la corrupción se estrellen sistemáticamente contra el muro de la inoperancia institucional.

Pemex se protegió durante años con el pretexto del secreto comercial o en el vacío legal de sus filiales extranjeras para negar el acceso de los medios a los contratos con Vitol, ocultando la información a la ciudadanía.

Resulta vergonzoso constatar que los mexicanos dependemos del rigor de un sistema judicial ajeno para enterarnos de cómo se dilapida el dinero público en nuestra propia casa. La lección que deja el fallo contra Javier Aguilar es amarga, pero irrefutable: mientras en Washington y Nueva York las pruebas se traducen en decomisos, sentencias y prisión efectiva, en México los grandes escándalos de corrupción concluyen en el olvido, el archivo muerto y un descarado pase de impunidad para los responsables.