El 1 de octubre de 1946 el Tribunal Militar Internacional de Núremberg sentenciaba a los jerarcas nazis, cerrando el proceso iniciado por el fiscal estadounidense Robert Jackson, cuyo alegato de apertura destacaba que las naciones vencedoras, heridas y con la venganza al alcance de la mano, hubieran optado por someter voluntariamente a sus enemigos cautivos al juicio de la ley. Se trataba, en palabras de Jackson, de “uno de los tributos más significativos que el poder ha rendido jamás a la razón”. Ochenta años después, esa frase suena casi ingenua.
La semana pasada, mientras jefes de Estado desfilaban por la Asamblea General de la ONU en Nueva York bajo el lema de “restaurar la confianza”, el país que promovió con fuerza ese tributo del poder a la razón lo desmonta pieza por pieza, y algunos de sus “aliados” se suman con entusiasmo a la misma cruzada o han decidido guardar un silencio cómplice.
En agosto, Washington sancionó a la presidenta de la Corte Penal Internacional Tomoko Akane, y a su fiscal Abdoulaye Seye, sumándose a las sanciones contra el exfiscal Karim Khan. El común denominador no era otro que investigar a un aliado. La misma potencia que en 1945 impuso la idea de que nadie está por encima del derecho, hoy castiga a quienes se atreven a aplicárselo a sus amigos.
Estados Unidos hizo lo propio con la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese. La relatora fue sancionada en 2025, lo que empujó la renuncia de Navi Pillay y sus colegas de la Comisión de Investigación de la ONU sobre Palestina. La sanción de Albanese fue suspendida en mayo de este año por un tribunal federal. Sin embargo, a los pocos días, fue reincorporada a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, institución que administra las sanciones por motivo de seguridad nacional y política exterior. El motivo, siempre el mismo: investigar a un aliado.
La paradoja es de fondo, pues Núremberg nació de una convicción incómoda incluso para sus creadores. La ley debía valer para todos, ganadores incluidos, o no valdría para nadie. De ahí surgieron instrumentos internacionales que han sido la piedra angular de una humanidad que aspira a una convivencia pacífica, anclada en lo que John Rawls o Adela Cortina convinieron en denominar “consensos superpuestos” o “mínimos de decencia”. Ese edificio, levantado a contrapelo del poder, es el mismo que se encuentra bajo asedio, cuando el poder vuelve a incomodar.
¿En qué momento retrocedimos tanto? Quizás no hubo un solo instante, sino una erosión lenta de la idea de que el orden internacional es un bien común, y no un instrumento de conveniencia. Si esta Asamblea General quiere de verdad “restaurar la confianza”, el primer paso es poner los esfuerzos en la paz, la seguridad y los derechos humanos, más allá de la retórica. Ninguno de estos sobrevive si cada potencia y sus aliados se reserva el derecho de aplicarlos solo a sus enemigos. Robert Jackson lo entendió hace ochenta años. Toca que alguien vuelva a entenderlo hoy.
Por Tomás Pascual Ricke, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado
