Este miércoles arrancó la discusión particular del Presupuesto 2027 de Educación en la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto, presidida por Yasna Provoste (DC). Durante la jornada, diversos actores fueron invitados a exponer, entre ellos rectores de distintas universidades. Uno de los ausentes fue Juan Carlos de la Llera, quien se encuentra en Suiza para recibir un Doctor Honoris Causa, pero quien igualmente se quiso hacer presente a través de una carta.

“Esperamos que esto se corrija. Hay demasiado en juego como para descuidar un sistema universitario que ya ha hecho un gran esfuerzo por adaptarse a una política de gratuidad que implica menores ingresos para muchas de las mejores universidades del país. No podemos sacrificar capacidades que han tomado décadas construir por un ajuste de corto plazo cuyos costos se pagarán durante varias generaciones”, dice a La Tercera el rector de la Pontificia Universidad Católica, el alma mater tanto del Presidente José Antonio Kast como de la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien se refirió en duros términos a la propuesta de ley del gobierno para el sector en un escrito al que tuvo acceso este medio.

Aquí el texto íntegro:

Señora Presidenta, honorables miembros de la Subcomisión:

Agradezco la oportunidad de exponer ante ustedes. Lo hago en mi calidad de Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Presidente de las universidades del G9, instituciones públicas no estatales que forman parte del Consejo de Rectores desde su origen y que han servido al país durante décadas.

Quiero plantear una objeción de fondo al proyecto de presupuesto para la educación superior. Podría detenerme en cifras y glosas, pero creo que lo que está en juego es más importante que cualquier partida específica. Lo que este proyecto pone en riesgo son los principios sobre los cuales Chile ha construido uno de los sistemas universitarios más sólidos de América Latina.

Lo primero que pido a esta Subcomisión es que mire los resultados. La Universidad Católica, la Universidad de Concepción, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Técnica Federico Santa María se ubican en los lugares 1, 11, 22 y 49, respectivamente, entre las mejores universidades de la región según el ranking QS Latinoamérica. Estos lugares son el fruto de décadas de inversión sostenida en investigación, en formación de académicos y en proyectos educativos de largo plazo. Cuando a una institución que lo está haciendo bien se le quitan recursos, el daño recae directamente sobre su proyecto educativo y sobre los estudiantes que forma. Ninguna política pública razonable castiga el desempeño. Me cuesta entender, y creo que al país le costará entender, por qué se reducen los recursos precisamente allí donde el Estado ha obtenido sus mejores retornos.

En segundo lugar, los aportes basales, en particular el Aporte Fiscal Directo, son fondos estructurales del sistema. Las universidades organizan sobre ellos su planta académica, su investigación y sus compromisos de mediano plazo. Estos fondos no han tenido modificaciones sustantivas durante años, de modo que su valor real ya se ha venido erosionando. Recortarlos ahora equivale a debilitar los cimientos del financiamiento universitario. Un aporte basal existe justamente para dar estabilidad, y pierde todo sentido si se convierte en una variable de ajuste fiscal de un año a otro.

En tercer lugar, la gratuidad. Las universidades adscritas hemos asumido con convicción esta política, porque compartimos el objetivo de que ningún joven talentoso quede fuera de la universidad por razones económicas. Sin embargo, los aranceles regulados no cubren el costo real de impartir nuestras carreras. Sólo a la Universidad Católica la política de gratuidad le significa una brecha anua que bordea los MM$ 20.000. Esa diferencia la estamos financiando hoy las propias universidades, con recursos que dejan de destinarse a investigación, infraestructura y calidad. Las universidades ya están subsidiando una política pública insuficientemente financiada. Pedirles además que absorban recortes es exigirles un esfuerzo que el propio Estado no está dispuesto a hacer.

En cuarto lugar, quiero llamar la atención sobre un problema de diseño. El sistema de financiamiento universitario chileno se encuentra hoy en un equilibrio precario. Cuando en un sistema así se modifica un parámetro relevante, la mínima prudencia exige liberar otras variables para que las instituciones puedan adaptarse. Este proyecto hace lo contrario. Las universidades no podemos fijar el valor de nuestras carreras, porque está regulado. Tampoco podemos crecer libremente en matrícula, porque existen límites a ese crecimiento. Y como explicaré a continuación, se restringe además el uso de los recursos del Fondo Solidario. Se reduce el aporte y al mismo tiempo se cierran todas las vías de ajuste. Ninguna institución, pública o privada, puede sostener su calidad bajo esas condiciones.

En quinto lugar, el Fondo Solidario de Crédito Universitario. Los excedentes de este fondo provienen de la recuperación de créditos que las propias universidades han administrado con responsabilidad durante años. Restringir su uso, en el mismo momento en que se recortan los aportes basales, agrava directamente la situación financiera de las instituciones. Se nos priva de una de las pocas fuentes que hoy permiten amortiguar el déficit que genera la gratuidad.

En sexto lugar, y esto agrava todo lo anterior, el presupuesto del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación viene con una reducción importante de un 6,4% respecto de la base comparable 2026. Las universidades del G9 aportan el 45% de la productividad científica del país y los fondos concursables de ciencia son una parte esencial de cómo financiamos a nuestros investigadores, a nuestros estudiantes de doctorado y a nuestros centros de investigación. Cuando se recortan al mismo tiempo los aportes a la educación superior y los recursos para la ciencia, el golpe sobre las universidades es doble. Se debilita su capacidad de formar y, en paralelo, su capacidad de generar conocimiento. Chile ya invierte en investigación y desarrollo muy por debajo del promedio de los países de la OCDE, y reducir aún más esa inversión compromete directamente nuestras posibilidades de desarrollo futuro.

Señora Presidenta, puestos todos estos elementos en conjunto, resulta difícil identificar qué objetivo de política pública persigue este presupuesto. Su efecto evidente es perjudicar los proyectos educativos de un sistema que, a la luz de cualquier comparación internacional, se cuenta entre lo mejor que tiene Chile. Un país que aspira al desarrollo no puede debilitar a sus universidades en nombre de un ajuste de corto plazo cuyos costos se pagarán durante una generación.

Por estas razones, solicito respetuosamente a esta Subcomisión que no apruebe la propuesta en los términos presentados y que se mantengan en términos reales, es decir, reajustados por inflación, tanto el aporte estatal a las universidades como los recursos destinados a ciencia e investigación. Quiero ser preciso sobre el alcance de esta petición. No estamos pidiendo un aumento. Pedimos únicamente que el Estado preserve el valor de su compromiso con las universidades, de modo que lo que hoy financia una hora de docencia, un proyecto de investigación o la formación de un doctor siga financiándolo el próximo año. Congelar los aportes en su valor nominal equivaldría a un recorte encubierto considerando una inflación proyectada para el próximo año del orden de un 3%. Mantenerlos en términos reales es lo mínimo indispensable para que las universidades sigan cumpliendo la misión que el país les ha confiado.

Muchas gracias.

Juan Carlos de la Llera

Rector Pontificia Universidad Católica de Chile

Presidente Red Universidades Públicas no Estatales G9