El miércoles 7 de octubre, la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos rechazó la partida de educación superior del proyecto 2027, luego de que los rectores pidieran no un aumento, sino mantener el valor real de los aportes. El gobierno respondió que el presupuesto de Educación se mantiene prácticamente constante y el Presidente aseguró que más de 600 mil estudiantes mantendrán la gratuidad. Ambas cosas son ciertas. Pero en la gratuidad, la cuenta no cierra.

Según Dipres, el proyecto destina $2,6 billones a gratuidad, 0,3% real menos que la base ajustada de 2026 y, según Acción Educar, 2,1% menos que la ley aprobada. Cualquiera sea la comparación, no crece. Según el Mineduc, el número de estudiantes con el beneficio llegó a 625.430 en 2026, un 3,5% más que el año anterior, aun cuando las asignaciones nuevas cayeron 6% por una verificación más estricta. La gratuidad no es un programa discrecional: la Ley 21.091 la garantiza a todo estudiante que cumple los requisitos durante la duración nominal de su carrera. Quien entró en 2025 o 2026 sigue estudiando en 2027, y su arancel debe pagarse.

Hagamos una cuenta simple. Con unos $2,58 billones presupuestados para 2026, el gasto ronda los $4,1 millones por estudiante. Aun si el número de beneficiarios crece a la mitad del ritmo de este año (cerca de 1,7%), el gasto por estudiante caería entre 2% y 3,7% real, según la base que se use, y mantenerlo exigiría del orden de $50 a $100 mil millones adicionales. Es una estimación gruesa, pero su dirección no depende de los supuestos. Más estudiantes con menos recursos solo cuadra si algo cede.

¿Qué puede ceder? Una posibilidad es que la verificación excluya a muchos más estudiantes. Hacienda apunta a 80 mil beneficiarios que “declaran vivir solos”, pero el propio ministro Quiroz reconoce que la ley aún no permite esos cruces. Otra es que los aranceles regulados se fijen bajo el costo y la diferencia la absorban las instituciones, que según Acción Educar ya acumularon un déficit de más de un billón de pesos desde 2016. Eso, además, choca con la propia Ley 21.091, cuyo artículo 89 exige que el arancel regulado cubra el costo de los recursos humanos y materiales necesarios y razonables para impartir cada carrera. Finalmente, el monto puede estar subestimado y cubrirse a mitad de año con reasignaciones, a costa de otros programas. En los tres casos, el ajuste lo paga alguien que no está en la discusión.

Es cierto que la gratuidad cuesta más del doble de lo que estimó su informe financiero, como ha señalado la ministra Arzola, y que es razonable exigir rigor en su asignación. Pero la comisión de gasto convocada en 2025 estimó que mejorar la focalización ahorraría unos $55 mil millones a mediano plazo, lejos de la brecha. Y el resto del ajuste ya está a la vista: el aporte institucional a las universidades estatales cae 11%, se eliminan las becas TIC, que entregan computadores a escolares, y los recursos para evaluar aprendizajes bajan 13%, el mismo año en que PISA mostró que casi 60% de nuestros estudiantes no alcanza el nivel mínimo en Matemática.

Si el objetivo es contener el gasto en gratuidad, hay que hacerlo con las herramientas correctas y explicitarlo. La megarreforma ya endureció la expansión a nuevos tramos de ingreso (deciles) y suspendió el ingreso de nuevas instituciones: esas sí son decisiones de política, discutidas y votadas. Lo que falta es un presupuesto realista: proyectar el número real de beneficiarios, transparentar cuánto se financia por estudiante y abordar los costos de fondo del sistema. Entre ellos, que quienes estudian con gratuidad tardan en promedio un 29% más que la duración nominal de su carrera, y la alta proporción de matrícula en programas de bajo retorno que ha documentado la Fiscalía Nacional Económica.

La gratuidad se puede discutir. Lo que no se puede es financiarla con números que no cierran.

La autora de la columna es profesora Asociada FEN, U. de Chile.