La clínica y el médico se esfumaron como si nunca hubieran existido. Meses después de someterse a una cirugía para bajar de peso en una clínica de Tijuana, Julia Carpenter, una ciudadana estadounidense de 40 años, empezó a notar señales en su cuerpo de que algo estaba muy mal. Fue en 2024. Ya en Oregón, su lugar de residencia, los médicos le diagnosticaron primero una neumonía y, en los siguientes nueve meses, le practicaron tres cirugías para corregir el daño. Durante el procedimiento quirúrgico en México, le engraparon su intestino y le produjeron una obstrucción a nivel del remanente gástrico. En febrero de 2025, puso una queja por negligencia médica ante la Comisión de Arbitraje Médico de Baja California (CAMEBC), el ente encargado de resolver conflictos de forma imparcial, que le fue resuelta seis meses después con una negativa. La comisión se negaba a revisar su caso bajo el argumento de “no tener competencia”. Hoy su caso ha dado un giro. La justicia mexicana le ha dado la razón: reconoce que le negaron sus derechos y ordena al ente admitir la queja.
