La llamada Ley Antimemes no establece una prohibición general de los memes, las caricaturas o las críticas al Gobierno. El nombre con el que se ha popularizado alude a uno de los puntos más controvertidos de una reforma más amplia sobre propiedad intelectual: la propuesta de castigar el uso de elementos de identidad de instituciones públicas cuando se empleen a escala comercial para inducir al error o al engaño con la intención de cometer un ilícito. Aunque el texto fija esas condiciones, legisladores de la oposición sostienen que podría prestarse a interpretaciones que inhiban la sátira política.

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