En una reunión en La Moneda realizada el jueves en la tarde, el gobierno definió ingresar en los próximos días la “insistencia” a la reforma constitucional que amplía el plazo de detención de inmigrantes en situación irregular.

En la cita participaron los ministros del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado (UDI); de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot (RN), y de Justicia, Fernando Rabat, además de la subsecretaria Constanza Castillo.

Si bien es probable que la votación de la “insistencia” se postergue para la primera semana de octubre, la jugada tiene como objetivo meter presión para que, al menos, un sector de la oposición se siente a conversar en torno a la agenda de seguridad, que es uno de los ejes prioritarios del Presidente José Antonio Kast.

La apuesta es tratar de revitalizar la llamada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

Hasta antes de Fiestas Patrias, parecía que este paquete de 24 proyectos estaba tomando vuelo en el Congreso, especialmente tras el despacho a ley de la norma sobre flagrancia. No obstante, esta semana fue para el olvido.

A inicios de semana, el único punto trabado era la otra reforma constitucional, que proponía crear un nuevo estado de excepción y restringir beneficios a condenados por delitos graves. Por ello, el Ejecutivo resolvió congelarla hasta lograr un entendimiento con la oposición.

Sin embargo, el martes, el gobierno recibió un golpe completamente inesperado. La Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar sobre esta reforma migratoria, que por un solo voto no alcanzó el quórum de aprobación. Ello hizo aún más dolorosa la derrota. Era el primer fracaso de la agenda, que Palacio solo podría revertir mediante su insistencia en el Senado.

Lo más inexplicable para los ministros García y Rabat, quienes estaban presentes ese día, es que, al menos hasta el mediodía del martes, el proyecto tenía los votos, incluyendo una veintena de respaldos de legisladores opositores, que incluso llegaron a anunciar su apoyo en sus discursos. Sin embargo, en una rápida jugada política, los diputados Jaime Araya (indep. PPD), Pamela Jiles (PDG) y Raúl Leiva (PS) dieron vuelta varios de esos apoyos en el hemiciclo, aprovechándose del exceso de confianza de los ministros. Incluso, algunos que habían hablado en la sala a favor, como el PPD José Montalva y el DC Patricio Pinilla, optaron por salir al momento de la votación.

El problema es que, al día siguiente, el miércoles, el Ejecutivo no pudo salir de la mala racha. En la llamada Ley Antibarricadas 2.0, el mismo Leiva logró alinear a la oposición, a los libertarios y a algunos legisladores del PDG y del oficialismo —como la independiente Joanna Pérez y el Evópoli Jorge Guzmán— para aprobar una indicación que exime de sanciones la interrupción de la vía pública cuando se trate de manifestaciones pacíficas.

Aquella enmienda dejaba al principal proyecto de La Moneda en materia de orden público sin mucha utilidad, ya que el Código Penal castiga los bloqueos cuando son violentos o mediante intimidación.

Rol de Arrau

A pesar de que el ministro de Seguridad, Martín Arrau (republicano), fue investido por el Presidente José Antonio Kast como coordinador de esta agenda, en ambas sesiones, la del martes y la del miércoles, no estuvo presente.

Si bien Rabat había gestionado la reforma migratoria, en el caso del proyecto Antibarricadas 2.0 era exclusivamente responsabilidad de Arrau. Por eso, causó mayor molestia entre los parlamentarios que, mientras la Cámara iniciaba el debate de esa iniciativa el miércoles, el titular de Seguridad estuviera a esa misma hora participando en un ciclo de conversaciones organizado por Icare, denominado “Conoce a tu ministro”.

Fue en ese foro donde lanzó sus polémicas declaraciones: “Por mí, no iría al Congreso..., pero hay leyes que son obligatorias de sacarlas”. Sus palabras no solo cayeron pésimo entre legisladores —“desafortunadas”, las calificó la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN)—, sino que también fueron mal evaluadas en La Moneda.

Incluso, en otros ministerios ya está causando desagrado que Arrau se desentienda de ciertas discusiones legislativas. El martes, al menos, mientras la Cámara debatía la reforma migratoria, el secretario de Estado sí estaba en el Congreso participando en la Comisión de Seguridad del Senado.

Su ausencia, sin embargo, se notó especialmente el miércoles. Ese día solo estaban presentes en la sala el ministro García y la subsecretaria Castillo, quienes tampoco tenían las potestades para hacer correcciones tácticas al proyecto antibarricadas y evitar, por ejemplo, que los libertarios, impulsados por la diputada Gloria Naveillán, se plegaran a la indicación sobre las manifestaciones pacíficas.

Naveillán propugnaba simplemente que la nueva norma no tuviera impacto en movilizaciones de camioneros, que suelen recurrir a los bloqueos parciales de rutas como forma de protesta. Finalmente, las exigencias de la diputada libertaria no tuvieron eco ni en la Comisión de Seguridad ni en la sala por parte de alguna autoridad que pudiera hacer ajustes puntuales a la iniciativa.

Hasta el momento, las críticas a la ausencia de Arrau en el trabajo legislativo de la ACOT habían sido planteadas por legisladores opositores, pero su sinceramiento de que no le gusta ir al Congreso también comenzó a hacer ruido en el oficialismo.

Una de las razones para justificar su falta de presencia legislativa es que la gestión es parte importante de su misión ministerial.

“El trabajo que está haciendo el ministro Arrau en la conducción, orientación y gestión en materia de seguridad pública a cargo de las policías y la interacción de las instituciones, es exacto lo que necesitamos”, dijo el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, aunque también admitió que la labor legislativa tiene que equilibrarse con “el trabajo que se está haciendo en la calle, en terreno, con las policías”.

Otras carteras

Otra de las razones por las que el ministro de Seguridad ha reducido sus visitas al Parlamento es que la ACOT también descansa en los hombros de otros ministros.

Por ejemplo, el proyecto que crea un Subsistema de Inteligencia Económica, donde se está debatiendo la posibilidad de reducir las restricciones del secreto bancario, es llevado por el Ministerio de Hacienda.

Las reformas migratorias, por su parte, corresponden al ámbito de Interior, por lo que Alvarado y el subsecretario Máximo Pavez han liderado esos proyectos, salvo la reforma constitucional que se rechazó en la Cámara, que era gestionada por Rabat.

El ministro de Justicia, sin embargo, es el titular indiscutido en reformas relacionadas con tribunales y procedimientos judiciales, como, por ejemplo, los cambios al sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.

El titular de Defensa, Fernando Barros, también tiene un par de iniciativas bajo su mando.

Por esa misma razón, en RN cuestionan que las críticas por las descoordinaciones y errores que se han traducido en derrotas legislativas se concentren en el ministro García, aun cuando su cartera, la Secretaría General de la Presidencia, es la encargada de llevar el conteo de votos y alertar sobre riesgos en la discusión.