Apenas ayer preguntábamos para qué sirve hoy la Organización de las Naciones Unidas, a propósito del retiro de Michelle Bachelet de la carrera por la Secretaría General. Este martes, el inicio de la 81ª Asamblea General ofreció una respuesta parcial y, al mismo tiempo, confirmó muchas de las dudas. La ONU sigue siendo el único espacio donde prácticamente todas las naciones del mundo pueden sentarse a hablar. Ahí estuvieron nuevamente presidentes, primeros ministros, cancilleres y representantes de más de 190 países. Ahí se habló de guerras, soberanía, seguridad, narcotráfico, inteligencia artificial, cambio climático, hambre, democracia, derechos humanos y comercio. Ahí volvieron a escucharse discursos que, en algunos casos, defendieron el multilateralismo y, en otros, dejaron muy claro que las grandes potencias continuarán actuando conforme a sus propios intereses.
La contradicción no podía ser más evidente. Lula da Silva abrió el debate con una defensa muy clara de la soberanía de los países latinoamericanos, del multilateralismo y de la necesidad de reformar un Consejo de Seguridad que considera paralizado e incapaz de responder eficazmente a los conflictos actuales. Advirtió sobre la pérdida de capacidad de la ONU para proteger a los más vulnerables y recordó algo que cada vez resulta más difícil discutir: una organización diseñada en 1945 difícilmente puede seguir funcionando de la misma manera en 2026. Poco después habló Donald Trump y la diferencia de visión fue evidente. Trump no llegó a Naciones Unidas a reivindicar el multilateralismo, sino a reafirmar el poder de Estados Unidos, planteando una política exterior basada en la supremacía de sus intereses nacionales, en el uso de la fuerza cuando lo considere necesario y en una visión particularmente agresiva de la seguridad hemisférica.
México apareció directamente en su discurso. El presidente estadounidense volvió a señalar a nuestro país como el “epicentro” de la violencia de los cárteles y sostuvo que México debe recuperar el control de aquellos territorios donde, según él, operan organizaciones criminales con enorme poder. Al mismo tiempo reconoció que existe cooperación con el gobierno mexicano y destacó que ambas administraciones han avanzado en acciones conjuntas contra el narcotráfico. La combinación es importante: por una parte, elogio a la cooperación; por la otra, presión pública. Y detrás de ambas cosas permanece una advertencia que Washington ha repetido de distintas maneras: si los gobiernos latinoamericanos no pueden controlar a los grupos criminales que Estados Unidos considera amenazas para su seguridad, la administración Trump se reserva amplios márgenes de acción.
Eso coloca a México frente a un problema especialmente delicado. No puede ignorarse la dimensión real del narcotráfico, la capacidad territorial y financiera de los grandes grupos criminales ni los efectos que sus actividades producen tanto en nuestro país como en Estados Unidos. Sería igualmente irresponsable negar que existe corrupción institucional y que, en algunos lugares, el poder criminal ha penetrado estructuras políticas, económicas y policiales. Pero reconocer esa realidad no significa aceptar que un gobierno extranjero pueda decidir unilateralmente cuándo, cómo y dónde intervenir en territorio mexicano. Ahí aparece precisamente el valor del derecho internacional y, al menos en teoría, de Naciones Unidas: la soberanía no puede convertirse en pretexto para tolerar criminalidad ni la seguridad puede convertirse en justificación para atropellar soberanías.
Ese equilibrio es exactamente el tipo de problema para el cual deberían servir las instituciones multilaterales. Sin embargo, la Asamblea General volvió a mostrar una realidad incómoda: mientras todos hablan dentro del mismo edificio, las decisiones verdaderamente importantes siguen tomándose en Washington, Pekín, Moscú, Bruselas y otros centros de poder. Lula puede reclamar que Brasil no pertenece al patio trasero de nadie y defender la soberanía latinoamericana; Trump puede responder reforzando una doctrina hemisférica en la que Estados Unidos se reserva amplios márgenes de acción. Ambos discursos caben dentro de Naciones Unidas, pero la organización difícilmente puede obligar a cualquiera de ellos a modificar su política.
Ahí está otra vez el problema estructural. La Asamblea General es probablemente el foro político más plural del mundo, pero buena parte de sus resoluciones carecen de fuerza coercitiva. El Consejo de Seguridad sí puede adoptar decisiones obligatorias, pero sus cinco miembros permanentes mantienen derecho de veto. Y tres de ellos —Estados Unidos, Rusia y China— son precisamente protagonistas de algunas de las principales disputas geopolíticas contemporáneas. Resulta difícil imaginar una contradicción mayor: la institución encargada de limitar el poder de los Estados más fuertes depende, en buena medida, de que esos mismos Estados acepten limitarse. Cuando aceptan hacerlo, el sistema puede funcionar; cuando no, se paraliza.
Eso explica mucho de lo que estamos viendo en Ucrania, Medio Oriente y otras regiones. También explica por qué los países comienzan a construir mecanismos alternativos: alianzas militares, acuerdos regionales, tratados bilaterales, bloques económicos y asociaciones estratégicas que operan paralelamente a Naciones Unidas. Canadá se aproxima a Europa buscando reducir su dependencia de Estados Unidos; Europa busca desarrollar mayor autonomía estratégica; Estados Unidos fortalece alianzas selectivas en el continente americano; China expande sus redes comerciales y financieras, y Rusia intenta conservar y ampliar zonas de influencia. Todos participan en la ONU, pero ninguno está dispuesto a dejar su seguridad exclusivamente en manos de ella.
Esa diferencia es fundamental, y México debería observarla cuidadosamente. Nuestro país tiene una tradición diplomática importante, construida alrededor de principios como la autodeterminación, la solución pacífica de controversias y la no intervención. Son principios valiosos, pero hoy requieren algo más que ser repetidos: necesitan capacidad política, económica e institucional para sostenerlos. La soberanía no se defiende únicamente pronunciando la palabra soberanía. Se defiende controlando el territorio, combatiendo eficazmente al crimen organizado, fortaleciendo las instituciones, evitando que autoridades colaboren con organizaciones criminales y construyendo relaciones internacionales suficientemente sólidas para que ningún país considere legítimo decidir por nosotros.
En ese sentido, el discurso de Trump debería preocuparnos no solamente por lo que dijo, sino por aquello que hizo posible que pudiera decirlo. Mientras existan regiones donde el Estado mexicano no ejerza plenamente su autoridad, mientras existan grupos criminales capaces de desafiar abiertamente a las instituciones y mientras persista la sospecha de complicidades políticas con esas organizaciones, la presión estadounidense continuará. Eso no justifica una intervención, pero tampoco se elimina simplemente denunciándola. La mejor defensa de la soberanía es un Estado que realmente ejerce soberanía.
La Asamblea General de este año volvió a exponer esa tensión. Brasil reclama autonomía frente a Washington. Estados Unidos reivindica su derecho a protegerse frente a amenazas que considera originadas fuera de sus fronteras. Europa busca depender menos de Estados Unidos. China y Rusia construyen sus propios espacios de influencia. En medio de todos ellos está Naciones Unidas, intentando mantener una conversación común. Eso tiene valor, mucho valor, pero no debemos confundir diálogo con poder.
La ONU puede ofrecer la mesa, establecer reglas, formular principios, denunciar violaciones, generar consensos, ayudar a evitar conflictos y, en determinadas circunstancias, contribuir a resolverlos. Lo que no puede hacer es sustituir la voluntad política de los Estados. Tal vez por eso la imagen de esta Asamblea General resulte tan representativa del mundo actual: decenas de mandatarios hablando durante horas acerca de cooperación internacional, mientras simultáneamente sus gobiernos construyen alianzas, refuerzan ejércitos, protegen mercados, disputan territorios y preparan decisiones que serán tomadas fuera de esa sala.
No significa que la ONU sea inútil. Significa que su poder tiene límites cada vez más visibles. Ayer preguntábamos para qué sirve Naciones Unidas. Hoy podríamos responder que sigue sirviendo para que el mundo se hable, y eso no es poca cosa. Pero mientras los grandes conflictos, las intervenciones, las guerras comerciales y las decisiones estratégicas continúen resolviéndose fundamentalmente mediante el peso económico, militar y político de las potencias, seguirá existiendo una enorme distancia entre lo que se dice en Nueva York y lo que realmente ocurre afuera.
La ONU habla, las potencias deciden. Y el reto para países como México consiste en entender que, entre una cosa y la otra, la defensa más eficaz de nuestros intereses seguirá dependiendo de la fortaleza de nuestras propias instituciones.
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